¿Es aceptable que España tenga una de las tasas más altas de pobreza infantil de Europa?

Es sonrojante que sea el tercer país de la Unión Europea con mayor pobreza estructural. La tasa de pobreza infantil también se ha convertido en estructural porque no se ha tenido suficientemente en cuenta que la crisis del 2008 ya azotó a un sector vulnerable de la población como es la infancia, y no se han ido haciendo las inversiones que requiere algo tan importante como su es protección. Hasta que no han llegado gobiernos progresistas no se ha puesto el foco en ello.

¿Es algo mejor la situación en Aragón?

Estamos teniendo indicadores de carácter general muy esperanzadores, como la menor tasa de paro de todas las comunidades autónomas, y esto redunda lógicamente en los ingresos de las familias y en el bienestar. Aragón también ha sido la única comunidad, junto a Castilla-La Mancha, donde la tasa de pobreza extrema o carencia material severa se ha reducido en el 2020, quedando en el 1,7% de la población, cuando en España se ha incrementado un 50%, alcanzando al 7%. Eso es señal de que en Aragón se están haciendo inversiones sociales concentradas en la infancia y la protección social. Y tenemos uno de los menores porcentajes para llegar con mucha dificultad a fin de mes. Además, Navarra, La Rioja y Aragón presentaron los mejores niveles de calidad de vida de España, medidos sobre nueve dimensiones y 55 indicadores que incluyen salud, entorno, medio ambiente, esperanza de vida, carencia material, trabajo, educación, seguridad, gobierno y participación. Y todo esto incide, por supuesto, en que la carencia material severa en la población general y en la infancia sea mucho menor en Aragón que en el conjunto de España.

¿Qué papel juegan las entidades del tercer sector para la infancia?

Tienen mucha importancia. En este Gobierno entendemos que la lucha contra la pobreza y por los derechos de la infancia tiene que ser una labor conjunta de todas las administraciones y de la sociedad. Por eso estamos implicando al tercer sector, además de a la sociedad civil y a las empresas, en el Observatorio de la desigualdad en Aragón, donde están representados todos los departamentos del Ejecutivo autonómico, además de la federación de municipios, la Cámara de Comercio, la Caixa y Unicef, y que tiene un grupo de trabajo específico sobre la pobreza infantil.

¿El acoso escolar es un fenómeno creciente o se habla más de él porque la sociedad ha tomado conciencia de la dimensión del problema?

Como consecuencia de la multiplicación de los contactos sociales y la pertenencia a redes se están produciendo nuevas variantes de acoso escolar, porque hay un exceso de consumo y de inadecuada utilización de las redes sociales, que presentan escaparates para generar situaciones de agresión. Casi el 50% de los adolescentes ha recibido propuestas de acoso sexual e imágenes inadecuadas a través de las redes. La pandemia ha disparado el uso de estas herramientas, que multiplican las actitudes agresivas. Y ese acoso escolar que se puede producir con menos probabilidad presencialmente, por la supervisión del proceso educativo, se suele trasladar a las redes.

¿Qué se puede hacer frente a este fenómeno?

En el Gobierno de Aragón tenemos un compromiso y nos coordinamos con el de España. Hay una propuesta del Consejo Sectorial de la Infancia y de la Adolescencia con dos troncos. El primero es la implementación de la recién aprobada Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra cualquier forma de violencia, por ejemplo, colaborando para que en todos los centros escolares haya un observador de aquellos procesos que pudieran dar lugar a situaciones de violencia y de acoso escolar. Y el segundo es la cooperación para que se implante la garantía infantil europea.

¿Qué ha supuesto la aprobación de esa ley estatal?

Se hace un paralelismo con la ley contra la violencia de género, en el sentido de que genera derechos para que cualquier forma de violencia contra la infancia sea denunciada. La ley nos obliga a todos a denunciar si la observamos en la calle, en el vecindario, en el colegio… Esto supone una revolución, ya que toda la sociedad queda concernida para que no exista violencia en el mundo infantil.

¿A qué se refiere con la garantía infantil europea?

Aragón está cooperando con el Gobierno central para aplicar unas medidas que tratan de garantizar derechos básicos para cualquier niño europeo, como educación y cuidados en la etapa de cero a tres años, educación extensiva y acompañamiento con actividades extraescolares, sanidad universal, vivienda adecuada, una dieta saludable… Europa va a luchar contra la pobreza infantil, y como España es uno de los países más afectados, la Unión Europea adelantará fondos para implantar de manera experimental un plan de acción para eliminarla, que habrá que presentar a Bruselas antes de marzo.

¿La pandemia ha elevado la desigualdad que afecta a la infancia o solo la ha hecho más patente?

El panorama no es nada halagüeño, y para eso existe mi figura. Pero en Aragón tenemos un Gobierno progresista que se preocupa por la inversión social. El sistema educativo reaccionó rápido, generando programas que han reforzado la igualación social a pesar de los déficits que se han producido. Esto ha permitido la atención a la escolarización frente a la brecha digital, porque se han acabado facilitando hasta 15.000 mil equipos con conexión inalámbrica para acceder a los contenidos. Y los centros escolares han garantizado la atención domiciliaria telemática cuando ha habido algún caso de covid en el entorno de los menores. También se han implementado una serie de programas de refuerzo, de acompañamiento en actividades extraescolares, de equipamientos tecnológicos y para facilitar la conciliación familiar, se han hecho transferencias de dinero para garantizar la comida de los niños vulnerables… Son medidas con las que los docentes no podíamos ni soñar hace tan solo unos años. Todo este dispositivo social ha sido eficiente y ha contribuido a que las cifras negativas sean menores que en otros lugares.