Desde las plataformas por el Derecho a la Vivienda ya hemos denunciado en muchas ocasiones la situación de crisis cotidiana por la que pasaba la población española antes de esta crisis sanitaria. Crisis que no ha hecho más que agravar la situación de aquellas que ya se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.
En nuestro territorio, al igual que en el resto del Estado, se han seguido produciendo desahucios, a pesar la percepción general de que habían terminado, debido a esa pretendida recuperación que nos han intentado inculcar, y que ha sido para los de siempre. Las familias vulnerables han seguido en esa situación, en muchos casos agravada.
En el año 2013, en Aragón se practicaron 1.471 lanzamientos; en el 2020, en el que durante los tres meses de confinamiento no se pudieron practicar debido al cierre de los juzgados y a que en abril se dictó el llamado ‘decreto antidesahucios’, el número fue de 791.
En Aragón tenemos una norma, la Ley 10/2016, cuya aprobación en las Cortes fue fruto de la movilización de las plataformas y del compromiso político. Desde mucho antes de la pandemia, esta legislación autonómica debería haber hecho efectivo el derecho a la vivienda de las familias vulnerables (artículos 19.1 y 19.2). Además, les ofrece herramientas para ello mediante la cesión obligatoria de las viviendas vacías en manos del sector financiero (artículo 24).
Debemos decir que esta ley no se aplica, y que los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables se siguen practicando sin que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón se sonroje mínimamente por ello. Han tenido dos años para mejorar la situación y, por lo que sabemos –son muy de anunciarlo a bombo y platillo–, no han hecho nada para aliviarla.
Si es cierto que el Gobierno de España ha tomado cartas en el asunto, posiblemente con las mayores medidas de protección que un Ejecutivo haya dictado en nuestro país. Pero han sido insuficientes, pues seguimos viendo desahucios diariamente. En algunos casos, porque los jueces ignoran la protección que el decreto otorga a las familias vulnerables; les permite hacerlo, al dejar en sus manos la decisión. En otros casos, porque su situación no está contemplada por la ley. Es el caso de los desahucios por impago de las cuotas de la hipoteca, cuyo número ha vuelto a aumentar en esta pandemia.
El problema es que lo peor está por llegar. Los juzgados acumulan muchos procesos ya finalizados y a la espera de que se levante la protección para ejecutar los desahucios. Si nadie lo remedia, esto provocará un tsunami de familias fuera de sus viviendas y sin alternativa habitacional.
Es en este contexto donde la movilización popular es imprescindible. Necesitamos reforzar los colectivos frente a los desahucios. Debemos demostrar que ningún poder es invencible ante la movilización social. Es ahora el momento de seguir presionando, no solamente para que se tomen medidas que eviten los desahucios, sino para que se garantice el derecho a la vivienda de quien la ha perdido o va a perderla injustamente. ¡Os esperamos!.
