La solidaridad internacional es ejercida por las administraciones públicas a través de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), mediante la transferencia financiera o técnica, con objeto de promover el bienestar social y económico de países y territorios empobrecidos. Al tratarse de una herramienta más de la acción exterior del Estado, es el Gobierno central quien financia el grueso de estas políticas, a través de los presupuestos generales.
La cooperación para el desarrollo cuenta en España con una de las aceptaciones más altas de la Unión Europea. Según el Eurobarómetro de abril del 2021, el 95% de la población la apoya. Por ello, no es de extrañar que, con un respaldo popular tan amplio, desde los años 90 del siglo pasado, otras administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía se hayan ido subiendo al carro de la solidaridad internacional.
A día de hoy, un nada desdeñable 13% de la AOD española procede ya de la cooperación descentralizada, que es aquella que ejercen comunidades autónomas, diputaciones provinciales, comarcas y ayuntamientos. Y, dentro de la misma, las administraciones locales van ganando peso. En el caso concreto de Aragón, estas fueron las responsables del 56% de la AOD concedida en el año 2020, el último con datos consolidados. El récord lo batieron en el 2016, con un 67%.
Se trata de un volumen lo suficientemente importante como para ser digno de análisis y reflexión. Por ello, la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), asociación que representa a más de medio centenar de oenegés de desarrollo, ha elaborado un diagnóstico de la cooperación descentralizada ejercida por las entidades locales de la comunidad autónoma en las dos últimas décadas. Para ello ha contado con el apoyo financiero de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón.
En los últimos veinte años, al menos 41 entidades locales aragonesas han destinado fondos a cooperación internacional. La mayor parte de este dinero se ha canalizado a través de oenegés de desarrollo mediante convocatorias de subvenciones de concurrencia pública, pero también de convenios y subvenciones nominativas.
De este periodo, la década que transcurrió entre los años 2006 y 2015 fue la que contó con un mayor número de entidades locales aragonesas ejerciendo la solidaridad internacional. El punto álgido se alcanzó en el año 2007, con la implicación de 27 administraciones locales entre ayuntamientos, comarcas y diputaciones.
Sin embargo, la estabilidad de los programas de cooperación al desarrollo en dichas entidades locales ha sido variable. Se dan casos que van desde las administraciones con una política de AOD constante a lo largo de estos 20 años hasta municipios o comarcas cuyos programas duraron apenas un año.
En el caso de los ayuntamientos, la FAS los clasifica en tres grupos, en función de su nivel de compromiso con la ayuda internacional. Nueve municipios han ofrecido un apoyo estable a los proyectos de cooperación al desarrollo en estas dos décadas. Además de las tres capitales de provincia, ahí se encuentran Andorra, Binéfar, Ejea de los Caballeros, Jaca, Monzón y Utebo.
Con un nivel de apoyo medio hay un total de siete ayuntamientos: Alcañiz, Alcorisa, Cuarte de Huerva, El Grado, Escatrón, Fraga y Sabiñánigo. Y otros tantos consistorios han lanzado entre una y seis convocatorias durante este periodo, y siempre antes del año 2015: Alagón, Barbastro, Calanda, Calatayud, La Almunia de Doña Godina, Pedrola y Tauste.
El apoyo a los proyectos de cooperación internacional desde las comarcas ha sido en general menos estable que el de los ayuntamientos a lo largo de estos años. De hecho, desde el 2016, solo dos de esos entes supramunicipales han financiado este tipo de proyectos en Aragón. Únicamente la Hoya de Huesca destaca por su apoyo intenso y continuado desde el 2005, de forma ininterrumpida.
Todo lo contrario ha ocurrido con las entidades locales de mayor rango, las diputaciones provinciales. Las tres han presupuestado sin interrupciones durante estas dos décadas partidas destinadas a ayuda internacional. La Diputación Provincial de Zaragoza ha sido la primera y única gran administración aragonesa en alcanzar el 0,7% de sus presupuestos para cooperación al desarrollo. Rebasó la mágica cifra en el 2018 y desde entonces no ha dejado de crecer. En el 2020 superó el 0,76%.
Más discretos han sido los porcentajes de las otras diputaciones provinciales aragonesas. La de Huesca se ha movido entre el 0,1 y el 0,33% y, la de Teruel, entre un exiguo 0,03 y un 0,24%. Un dato destacado de este análisis realizado por la FAS de la solidaridad internacional ejercida por las entidades locales aragonesas en las dos últimas décadas es el del mayor donante de la comunidad autónoma. Por una cuestión demográfica y, por tanto, de disponibilidad presupuestaria, es lógico que el ayuntamiento que mayor volumen de dinero ha destinado a estas políticas haya sido el de Zaragoza.
Lo que no es tan razonable es que, durante siete años, la capital haya sido el mayor donante de la AOD aragonesa (en términos absolutos, y no en porcentaje sobre el total del presupuesto anual), por encima incluso del Gobierno de Aragón, que maneja un gasto público ocho veces mayor. Desde el drástico recorte del 65,3% en las partidas de cooperación acometido por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi en el año 2012, el consistorio zaragozano no se movió de esa primera posición hasta el 2017, y volvió a alcanzarla en el 2019.
