Es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas, sobre todo, de las más vulnerables, como las extranjeras en situación administrativa irregular. Sin embargo, la migración se ha convertido en uno de los principales espacios de violaciones de derechos y en chivo expiatorio de lo no resuelto en el ámbito doméstico (empleo precario, desigualdad, servicios sociales…), instrumentalizándose para cuestionar acuerdos tan fundamentales como los derechos humanos. Es, además, el sustrato favorito de los bulos y la desinformación.

La pandemia ha evidenciado que sectores con alta presencia de economía sumergida, como el de hogar y cuidados, han resultado ser esenciales para nuestra sociedad. Miles de personas juegan un papel imprescindible para el sustento de nuestra vida y, sin embargo, trabajan de manera oculta y precaria por no tener un permiso de residencia. La política migratoria no puede permanecer escindida de la realidad socioeconómica del país.

Por ello, desde Oxfam Intermón apoyamos la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas migrantes a través de la recogida de firmas, junto a cientos de organizaciones y movimientos sociales muy diversos. La regularización compensaría las desigualdades que la población migrante sufre y, a la vez, garantizaría sus derechos laborales en condiciones dignas. Estas personas constituyen además un activo potencial para la economía, ya que no pueden contribuir fiscalmente por su situación irregular. Están siendo excluidas del sistema, lo que les perjudica a ellas y a las arcas públicas.

Es preciso señalar también que las regularizaciones son un instrumento al que anteriores gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han recurrido hasta en seis ocasiones. Responden al espíritu de los últimos pactos internacionales de los que es parte España, como la Agenda 2030, y son coherentes con la legislación nacional.

Un argumento contra la regularización es el ‘efecto llamada’, si bien hay investigaciones que evidencian que este no existe. Si comparamos la evolución de los datos de la migración con la del PIB, queda claro cómo la migración aumenta o disminuye en función de la economía, de manera independiente a los procesos de regularización. Es más, se ha comprobado que, por cada persona inmigrante regularizada en el 2005, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social aumentaron en 4.189 euros.

Hacemos un llamamiento a la sociedad aragonesa para que entre todos y todas logremos alcanzar las firmas necesarias para que la propuesta sea debatida en el Congreso. Uno de los puntos fijos donde la ciudadanía zaragozana puede firmar es la tienda de comercio justo de Oxfam Intermón (León XIII, 24).

Asimismo, una política migratoria ágil y eficaz que contemple medidas permanentes, como la flexibilización de los requisitos para la obtención y renovación de permisos de residencia y trabajo, es necesaria, dando respuesta a la realidad social desde una perspectiva realista de protección de derechos humanos.

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