La reciente publicación del Informe Raxen de Movimiento contra la Intolerancia da la voz de alarma ante los datos crecientes de xenofobia y odio ideológico. Este Informe, decano desde los años 90, sobre racismo, otras formas de intolerancia e incidentes de odio y discriminación, es elaborado anualmente al objeto de monitorizar hechos relativos a esta delincuencia. Se inició en 1995, a raíz de las graves agresiones y asesinatos protagonizados por grupos neonazis y racistas, consolidándose a través de los años y ofreciendo un aporte de datos imprescindible para investigar e incluso proponer políticas de prevención criminal y de apoyo a las víctimas.

Revela en su seguimiento que las redes sociales albergan una gran cantidad de mensajes relacionados con el discurso de odio, especialmente de naturaleza xenófoba y de odio ideológico, también de homofobia y transfobia, antisemitismo, racismo, hispanofobia y antigitanismo, sin olvidar la misoginia y otras formas intolerancia.

España no difiere esencialmente de otros miembros de la Unión Europea, aunque presenta una mejor situación relativa que otros países. El Informe Raxen recoge una muestra de más de 850 hechos observables y presentes en todas las comunidades autónomas, y estima unos 6.000 incidentes al año, cifra que supera en tres veces a la recogida oficialmente, dado que la infradenuncia puede alcanzar al 75% de los hechos.

En Aragón se señalan más de 40 incidentes de raíz xenófoba, aunque emerge el odio ideológico como un factor de polarización y radicalismo extremista, junto a la presencia de grupos urbanos violentos, incluyendo grupos ultras, bandas juveniles delincuenciales y otros incidentes, lo que sitúa a esta comunidad como referencia importante tras Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia.

En este sentido, el informe de Movimiento contra la Intolerancia recuerda a las instituciones en general que deben de ser más proactivas y apostar por la prevención y atención a las víctimas, conforme prescriben las instituciones europeas y reclaman mandatos internacionales, para lo que resulta imprescindible promover la educación para la tolerancia y los Derechos Humanos, la asistencia a las víctimas de delitos de odio y la intervención de instituciones especializadas en estos delitos, como Policía y Fiscalía

Movimiento contra la Intolerancia señala déficits, como la protección universal de la víctima de delito de odio, no alcanzada al solo incorporar al Código Penal factores nuevos como la edad, aporofobia y exclusión social, y olvidar el origen territorial, la lengua o la discriminación genética, entre otros, como prescriben la Constitución y tratados internacionales. El retraso de España para acometer un plan de acción contra el racismo y la aplicación de la estrategia de lucha contra el antisemitismo, vigente en la UE desde el 2020, es otro déficit preocupante.

El Informe completo puede consultarse en este enlace.