Hace años, en la campaña de la renta se hizo famoso el eslogan ‘Hacienda somos todos’. Pero no toda la sociedad ha interiorizado la necesidad de pagar impuestos y lo importante que es contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar, garantizando servicios públicos de calidad y mecanismos de protección social para la ciudadanía, especialmente para las personas más vulnerables.
El sistema tributario es una de las bases esenciales de la redistribución de la riqueza y la disminución de la desigualdad. Una fiscalidad justa y progresiva contribuye a redistribuir los recursos y a conformar sociedades más equitativas y cohesionadas.
Con las sucesivas crisis, desde el año 2008 se han puesto de manifiesto las fuertes desigualdades preexistentes en la sociedad española, profundizándolas. Aquella del 2008 dejó en la estacada a millones de personas. Las consecuencias de la pandemia han evidenciado que las políticas públicas (sanidad, educación, cuidados, ertes…) son imprescindibles, revelándose cruciales. Sin embargo, la precaria situación fiscal e impositiva que arrastra España limita sus capacidades para hacer frente a estos efectos. Proteger los servicios públicos resulta esencial para evitar que las personas más vulnerables sean las más afectadas.
Pedimos al Gobierno que ponga en marcha las medidas que se proponen en El libro blanco de la reforma fiscal para avanzar hacia a una fiscalidad progresiva y justa, que garantice la suficiencia de recursos para tener un Estado del bienestar fuerte y eficaz. Algunas incluyen acciones como restringir las bonificaciones y exenciones fiscales a grandes empresas; actualizar la lista negra española de paraísos fiscales; crear un registro público que alcance a los propietarios reales, finales y efectivos de todas las sociedades pantalla y cuentas bancarias; impulsar la contratación pública fiscalmente responsable con la iniciativa de Zonas libres de paraísos fiscales; la inclusión automática en la lista negra de las jurisdicciones con impuestos corporativos nulos o muy bajos o adoptar sanciones para los países de la UE que mantengan mecanismos de competencia fiscal desleal.
Es importante también la educación fiscal para desmontar la retórica de que los impuestos son un saqueo, pues son la garantía de sostenibilidad del Estado del bienestar. Aunque todavía es necesario llevar a cabo una tarea de educación financiera, que no debe referirse solo a escolares y estudiantes, sino a personas de todas las edades, aplaudimos la conocida como ley Celáa, ya que incorpora el valor social de los impuestos en su temario, dentro de la asignatura de educación en valores cívicos y éticos.
Para que estas cuestiones calen en la ciudadanía, es necesario empezar a educar desde la escuela. Es fundamental un cambio en el relato y el discurso. Sin embargo, queda mucho camino por delante, ya que la justicia social, la responsabilidad tributaria y la necesidad de luchar contra el fraude, la evasión y elusión fiscal, apenas están aún presentes en el currículum formativo español.
