Vivimos tiempos de crecimiento de la xenofobia derivado, ente otros factores, de la crisis económica y del avance del discurso de odio antiinmigración a través del uso de unas comunicaciones, sin supeditación ético-jurídica, que revientan equilibrios y la armonía de la convivencia. Todo ello tiene como consecuencia que el principal delito de odio, según todos los informes, sea el de racismo y xenofobia.

El rechazo a la igualdad de trato en materia de empleo, sanidad, educación, vivienda o atención asistencial se evidencia en situaciones discriminatorias de la vida cotidiana. A ello se añade la agitación y hostigamiento hacia los inmigrantes que impulsan grupos xenófobos en internet y redes sociales o en las calles, con consignas tipo “stop la invasión”, “nos quitan el trabajo”, u otras del tenor de que “tienen facilidades para las ayudas sociales”, o a base de acusarles de “actividad delincuencial”, e incluso pedir su expulsión por conflictos culturales o de otro tipo radicados en situaciones reales que se deben de resolver, pero nunca imputar de forma general, como los asaltos de frontera o episodios de violencia de grupos delincuenciales.

Los discursos de odio y de intolerancia xenófoba estigmatizan, promueven la confrontación y alientan el miedo hacia los inmigrantes que viven con nosotros, y junto a quienes trabajamos o utilizamos los mismos servicios públicos. La xenofobia dificulta que España avance en una inclusión fundamentada en la integración intercultural y en la política migratoria europea. Esta debe estar basada en la cooperación para el desarrollo humano en los países de origen, apoyando que nadie se vea forzado a migrar; en el control de flujos migratorios y fronteras, dando como fruto una política de inmigración segura, ordenada y regular; y en la integración que conlleva intervenir para erradicar la xenofobia, pues “nadie se integra, si no le dejan”.

En consecuencia, resulta una necesidad objetiva la actualización de la antigua Estrategia Integral contra el racismo, la xenofobia e intolerancia (2011) y del Plan de Ciudadanía e Integración de la Inmigración (2007), además de cumplir el Gobierno sus compromisos de actualización y responder a los requerimientos derivados del Pacto mundial por una migración segura, ordenada y regular (2018) y los requerimientos de la Unión Europea tras la aprobación del Plan de Acción contra el Racismo (2020-2025).

Esta estrategia debe incorporar elementos para combatir la xenofobia en el área educativa, laboral, infancia, juventud, mujer y social, en las instituciones, en la seguridad ciudadana y protección de libertades y derechos, reforzar la lucha contra el discurso y los delitos de odio y promover la participación democrática y la convivencia intercultural, la solidaridad con las víctimas y el apoyo a las oenegés, siempre desde los principios y valores constitucionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos.