Pacho de Roux es el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia. Ha presidido la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Este filósofo, teólogo y economista jesuita presentó hace unos días en la Fundación SIP de Zaragoza el informe 'Hay futuro si hay verdad'. Es el resultado de la comisión, tras cuatro años de investigación y escucha sobre más de medio siglo de conflicto armado.

Han pasado caso seis años desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ¿Viven hoy mejor los colombianos?

Sí, la situación es mejor, aunque no es todavía la paz completa. Pero terminar con el mayor conflicto de Colombia trajo una disminución grande de las masacres, los desplazamientos, los falsos positivos y la victimización en general. Si bien hemos tenido ya 340 asesinatos de personas que firmaron la paz, miembros de las FARC, y de líderes, no es la situación que teníamos antes, con masacres de 50 u 80 personas. Sin embargo, quedan todavía el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos armados de narcotráfico.

¿Hay esperanzas de solucionar también esos tres conflictos?

El nuevo presidente tiene una determinación muy seria de lograr lo que él llama la paz total. Por eso, se puso en contacto con el ELN, a través de su de su canciller y del consejero de Paz en Cuba, para explorar el inicio de conversaciones, con el mismo mensaje de negociación para las disidencias, porque ambos son grupos políticos. Para los grupos armados de narcotráfico tiene una propuesta de sometimiento a la Justicia.

¿Alguien se opuso al Acuerdo de La Habana?

Sí, por supuesto, el partido del Centro Democrático, que acaba de entregar el Gobierno. No estuvo de acuerdo con la negociación para que las FARC dejaran la lucha armada y se incorporaran a la búsqueda de cambios estructurales, pero dentro del sistema democrático. Por eso no convocó a todo el país a la paz, no les dio a las instituciones de la paz el soporte que se requerían y no se creó el entusiasmo colectivo que se necesitaba. Tampoco el Ejército ocupó los territorios que dejaron las FARC, ni se lanzó en ellos una política de presencia del Estado suficiente. Sí hubo apoyos en los sitios donde los guerrilleros habían dejado las armas, pero aún eso fue frágil, por la muerte de algunos de ellos.

¿Entiende usted esa postura?

Sí, en el sentido en que ellos siempre han dicho que quieren la paz, pero así no, porque les parece que implica impunidad. Los que estamos por la paz en Colombia hemos aceptado la justicia restaurativa o transicional, que se basa en la verdad histórica, ética y política, al igual que la comisión que yo he presidido. A su lado está la verdad jurídica, que es la que hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Dicta sentencias en las que, dicha la verdad por los victimarios, y reconocida como tal por parte de las víctimas, se establecen las vías de reparación, que se cumplen en unos ocho años de limitación de la libertad. Pero no es justicia penal porque se considera que eran insurgentes y tenían derecho a la rebelión. Eso, quienes no están de acuerdo, lo consideran impunidad. Y, sobre todo, creen que, hasta que no hubiesen pagado sus sentencias, nunca debieron entrar al Congreso diez miembros de las FARC. Pero estamos próximos a que esas sentencias se pronuncien y entren a pagar las penas.

¿Cuál era el objetivo de la comisión?

La proporción de víctimas en Colombia ha sido muy grande, por eso debían ser el centro del proceso de paz. Y por eso se hizo la comisión, para esclarecer la magnitud del sufrimiento creado en el conflicto y las recomendaciones para que la victimización no continúe. Tenía cuatro objetivos: primero, esclarecer lo que pasó; segundo, dignificar a las víctimas y repararlas plenamente, y parte de eso es invitar a los responsables a reconocer sus responsabilidades; tercero, la reconciliación de los colombianos; y cuarto, establecer las recomendaciones para la no repetición.

¿Quién la puso en marcha?

Ambas partes, Estado y FARC, vieron que era necesario. Se aprendió de otras comisiones de la verdad, particularmente de la de Sudáfrica, pero también de Argentina, Brasil o Perú. Ya ha habido 30 en el mundo, pero en Columbia tuvieron el buen sentido de separar la justicia penal de la histórica y la ética. Para ello se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, que dicta sentencias para que no haya impunidad; la comisión, que es la que busca la verdad histórica; y una unidad para encontrar a las personas desaparecidas, que es una tarea durísima. Así, cada una de las tres entidades, formando un sistema, se pudo dedicar a su tarea.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Una vez entregado el informe, la Comisión de la Verdad ya no existe. Ahora, el Estado ha creado otra, que durante siete años hará un monitoreo y seguimiento para que nuestras recomendaciones se cumplan. Junto a ella trabajarán más de 3.000 organizaciones de indígenas, de afrodescendientes, de mujeres, de personas LGTBI, de periodistas, de la iglesia y sindicatos, que conservan viva la memoria.

¿Qué efecto ha producido ya el informe?

Sus conclusiones han sido muy bien acogidas en todos los niveles del país, lo cual nos sorprendió, pues esperábamos una fuerte reacción contra verdades tan duras. Han sido muy importantes también los apoyos de la ONU y de la Unión Europea, especialmente de España. Y el nuevo presidente de Colombia dijo que aplicará a rajatabla las recomendaciones.

¿Qué injusticias quedan por reparar?

Son enormes. Hay injusticias estructurales, como el reparto de tierras y la reforma rural integral que se pactó con las FARC, y que no se han puesto en práctica. Hay que superar la impunidad y reparar a las víctimas. Hay que pasar de un Ejército y una Policía pensados para para un enemigo interno a unas fuerzas de seguridad para la paz y la democracia. Hay que abrir la participación regional. Hay que educar en el respeto y la diversidad, en un país hecho desde las diferencias, con la construcción de una ética civil pública que nos recoja a todos los colombianos. Y hay que acabar con la guerra contra el narcotráfico, que no es la solución, protegiendo a los campesinos para que vuelvan a ser productores de alimentos. La guerra no lleva a nada, de ella solo se puede esperar la degradación. Es fácil empezarla, pero nunca se sabe cuándo va a terminar. Las armas no dan seguridad, solo la garantiza la confianza entre los pueblos, aceptando las diferencias.