Por primera vez en 20 años, el Gobierno español se ha comprometido con la reforma de nuestro sistema de cooperación. En un contexto internacional de múltiples y complejos retos, lo hemos considerado como una oportunidad. En paralelo a esa agenda, también contando con los compromisos de los programas electorales, empezamos a hablar de una nueva ley aragonesa de cooperación al desarrollo que sustituirá a la del año 2000.

Vivimos un momento global trascendental que requiere de compromiso y responsabilidad a todos los niveles, y para ello necesitamos políticas públicas y leyes que lo protejan y garanticen. Tanto a nivel estatal como en nuestra comunidad, las organizaciones civiles hemos hecho llegar nuestras propuestas, trabajadas conjuntamente en varias ocasiones y conversaciones. Lo que solicitamos de base, para construir, es sencillo y de sentido común.

Nuestra ley debe mirar más allá del horizonte de la Agenda 2030 y evitar tener una norma con una fecha de caducidad tan próxima. Debe apostar firmemente por una cooperación feminista, ecologista y promotora de los derechos humanos y la paz como aspectos centrales que atraviesen la ley en sus principios, objetivos, instrumentos, organicidad, recursos y alianzas. Debe contemplar un compromiso explícito para operativizar la coherencia de políticas para el desarrollo, de forma que las políticas públicas consideren sus impactos en los países y territorios del sur, en las generaciones futuras y en el planeta.

La ley debe otorgar una mayor dimensión a la promoción del espacio cívico y democrático en los países donde se coopera, reforzar la colaboración con las oenegés e incorporar a los actores de la sociedad civil como sujetos de cambio e impulsores de una mayor transformación en las diferentes sociedades (organizaciones de migrantes, plataformas y movimientos ciudadanos, entidades de economía social y solidaria…).

Nuestra ley debe situar en el centro la necesidad de una ciudadanía comprometida, activa e implicada en los cambios globales, desde un conocimiento crítico de la realidad; una ciudadanía que participe en la solidaridad internacional, el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos, la justicia económica, social y de género y la paz, desde lo local y en complicidad con el resto de agentes de la cooperación estatal y descentralizada. Ha de poner en valor la competencia e importancia de las entidades locales para la cooperación descentralizada y reflejar la singularidad aragonesa en una cooperación que se vincula al territorio y que genera y mantiene lazos y relaciones como expresión de la solidaridad ciudadana.

Finalmente, la ley tiene que establecer una hoja de ruta concreta para alcanzar el 0,7% en el 2030 y garantizar un suelo no sujeto a condicionalidad alguna.

Hemos hecho propuestas para reclamar que queremos una ley que sirva al tejido social de Aragón y a las comunidades de los países del sur, y que fomente un desarrollo sostenible. Tenemos que ser ambiciosos, dejarnos de tecnicismos y evitar una rigidez más propia de una convocatoria de subvenciones. Al redactar la norma, debe pensarse en todos los aragoneses y en todas sus formas de ejercer la solidaridad. Debemos tener una ley de la que estemos orgullosos, con objetivos precisos y que podamos cumplir.