Maryem Hammaidi y Salahdin Abdala son saharauis. Fredy Yhoany Morales y Angélica Maribel Orjuela son colombianos. Pese a su juventud, todos poseen una dilatada experiencia como defensores de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y aunque sus historias de vida y los contextos de los que provienen son muy diferentes, su trayectoria les llevado a los cuatro a sufrir amenazas que, en más de una ocasión, se han materializado en forma de detenciones arbitrarias, montajes judiciales, extorsiones y torturas.

Su activismo ha implicado poner su seguridad, su libertad y, en algún caso, su propia vida y la de sus allegados en peligro. Por ello, han sido seleccionados para participar en la segunda edición del programa Aragón Protege de acogida temporal para defensores de los derechos humanos, financiado por el Gobierno de Aragón y coordinado por la Fundación Mundubat.

El objetivo del programa es contribuir a ofrecerles un entorno seguro, garantizándoles protección temporal desde un enfoque integral. Y, de paso, mejorar el conocimiento de la población aragonesa sobre la situación que afrontan sus comunidades y organizaciones, a través de actividades de sensibilización, para “intentar implicar a la ciudadanía en ese compromiso de defensa de los derechos humanos”, apunta Elena Hernández, técnica de la fundación Mundubat y coordinadora del Programa Aragón Protege.

“Se intenta colaborar en la creación de una red de apoyo internacional que contribuya a la defensa de sus territorios”, explica Elena. Se pone a los participantes y a sus causas “en relación con instituciones públicas que muestren su respaldo con cartas de apoyo, y con otras organizaciones, asociaciones amigas y defensoras también de los derechos humanos”, agrega. La finalidad es mejorar la situación de protección de las personas defensoras una vez retornen a sus países. “Todo esto hace que su perfil público aumente y, de alguna manera, les blinda y da cierta protección a la vuelta su a su territorio”, señala Hernández.

Aunque, tal y como reconoce alguno de los beneficiarios de este año, esta acrecentada notoriedad puede convertirse en un arma de doble filo. “Aunque sin la ayuda de organizaciones de derechos humanos no habría sido posible, no he tenido dificultades para hacer el viaje del Sáhara a Marruecos, y de Marruecos a España”, comenta Maryem Hammaidi. “Los problemas los tendré a mi vuelta a los territorios ocupados”, vaticina.

“Seguramente, seré detenida, me interrogarán y me harán todo tipo de preguntas: dónde he ido, con quién o qué he estado haciendo, tal y como les ha ocurrido al resto de compañeros que han participado anteriormente en este tipo de proyectos”, abunda esta integrante de la Fundación Nushatta, que realiza una labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos del Gobierno marroquí sobre la población saharaui. “A mi regreso tendré que pagar el precio de mi participación en el programa por difundir nuestra lucha, ya que a Marruecos le hace daño que se rompa el bloqueo mediático al que tiene sometido a nuestro pueblo”.

Un bloqueo mediático que también pretende hacer saltar por los aires, con su participación en Aragón Protege, el periodista y activista Salahdin Abdala, más conocido como Salah Lebsir. “Pretendo dar voz a todos los saharauis que luchan por la autodeterminación de nuestro pueblo, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos, y también a los presos políticos y a sus familias”.

Una situación, la de los presos políticos, que para su pesar conoce muy bien de primera mano. Su activismo y su labor periodística motivaron su arresto en varias ocasiones por parte de la Policía marroquí, bajo acusaciones de violencia contra las fuerzas de seguridad, y que, en el 2013, el Gobierno alauí emitiera una orden de busca y captura, razón por la cual tuvo que huir a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.

Tras pasar allí casi dos años, en el 2015 decidió volver al Sáhara Occidental, momento en el que fue condenado a cuatro años de cárcel tras un juicio sin ninguna garantía legal. Desde su puesta en libertad, en junio del 2019, la casa de su familia en Smara ha estado mucho tiempo sitiada por un dispositivo policial y civil que ha llegado a agredir a quienes han intentado acercarse para darle su apoyo. Ante el riesgo de poner en peligro a su familia y de volver a ser detenido, Salah regresó a los campamentos en marzo del 2020, desde donde continúa su labor de defensa de los derechos humanos.

Fredy Morales también decidió embarcarse en el programa Aragón Protege para dar visibilidad “a lo que pasa en Colombia en materia de derechos humanos”. Lo que pasa, entre otras muchas cosas, es que Morales es “uno de los de los últimos sobrevivientes de un grupo de defensores ambientales en el departamento Antioquia. Al último lo asesinaron el pasado 16 de septiembre”, relata.

Él mismo ha sufrido varias amenazas de muerte a lo largo de los años. “Pero lo que me pone en riesgo desde el año pasado es haber denunciado a algunas multinacionales que vienen del norte global a explotar nuestros recursos”, sobre todo su oposición a la construcción de una central hidroeléctrica en el Río Churimo, en el municipio de San Rafael, convencido de su insostenibilidad y de sus negativos impactos ambientales y sociales.

Hiela la sangre cuando Fredy reconoce, con total naturalidad, que el riesgo de ser asesinado a su regreso a Colombia “es alto”. Aun así, sostiene que “hay que volver a la lucha”. En su caso, además, su activismo por los derechos LGBTIQ no hace sino sumar riesgos en un país “conservador, homofóbico y patriarcal, donde hay una estigmatización muy grande por ser diferente”.

Algo similar a lo que le ocurre a su compatriota Angélica Orjuela por su militancia feminista. A la represión que sufren muchos defensores de los derechos humanos en Colombia se suma esta condición, que conlleva “una constante amenaza de violencia sexual” por parte de los cuerpos policiales y los grupos armados, denuncia esta activista del Congreso de los Pueblos.

En los últimos años, muchos integrantes de su organización están siendo víctimas de “montajes judiciales” para tratar de desarticular su lucha. Un acoso que está pasándole factura a nivel físico y emocional. Por ello, destaca que el programa Aragón Protege, “aparte de ofrecer una atención psicosocial por el deterioro de la salud psicoemocional, debido al asedio hacia el movimiento, nos va a permitir fortalecer las relaciones internacionales con oenegés y organizaciones sociales en Aragón y visibilizar esta persecución”.