El informe Foessa sobre el impacto de la pandemia en España recoge el empeoramiento de la mayoría de indicadores que miden la pobreza y exclusión. La pandemia ha agravado las condiciones de vida de las personas que ya estaban anteriormente en situación de pobreza, empeorando el acceso a una vivienda digna o a ingresos mínimos, y una cronificación de la pobreza.

Los efectos socioeconómicos de la crisis del covid y de la guerra de Ucrania, y su repercusión en los precios de la energía y los productos básicos, ha acelerado y agravado los procesos de precariedad, pobreza y riesgo de exclusión social, en un contexto en el que un porcentaje elevado de hogares ya vivía al día, sin poder hacer frente a gastos imprevistos. La insuficiencia de ingresos, o el no disponer de ellos con regularidad, ha transformado situaciones de vulnerabilidad en casos de pobreza extrema y severa, y en un empeoramiento de las condiciones de vida de muchos hogares.

Según el ‘Informe de la Fundación Foessa 2022. El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo’, siete de cada diez hogares vulnerables han renunciado o han reducido sus gastos en ropa y calzado, y casi la mitad ha recortado el presupuesto familiar en alimentación (tres millones de hogares), hasta el punto de que el 18% de familias con niños ha dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo (casi medio millón de hogares con niños a cargo). Seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, un 22% ha pedido ayudas para pagar sus suministros y el 14% dejó de comprar algún medicamento por cuestiones económicas.

En dicho informe se propone un Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD). Este indicador contempla el acceso a alimentos, vivienda, su equipamiento o suministros (energía o internet), a la educación, el ocio, los gastos sanitarios y la atención a las situaciones de dependencia. Según este estudio, el 31,5% de los hogares en España (seis millones de familias) tienen unos ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para vivir en condiciones de vida dignas, y viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia.

Es necesaria una revisión y adecuación del Estado de bienestar a las circunstancias actuales, que garantice los derechos ciudadanos y promueva la inclusión social. Junto a la pérdida de empleo, la vivienda es, en estos momentos, uno de los principales problemas de las familias que buscan la protección social. Es urgente poner en marcha políticas públicas –a nivel estatal, autonómico y local– que garanticen el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos, sobre todo, los más vulnerables, y garanticen unas condiciones de vida dignas.

Desde Foessa y Cáritas proponemos mayor justicia social y trabajar por los sectores más vulnerables de la sociedad, con políticas públicas que aborden la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más están sufriendo y perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo.