La política europea de migración preocupa

El pasado 12 de diciembre era la fecha límite para que los estados miembros de la Unión Europea presentasen a la Comisión Europea sus Planes Nacionales para implementar el Plan Europeo de Migración y Asilo. El plan, compuesto por nueve reglamentos y una directiva, establece cómo cada país debe gestionar estas cuestiones. Sin embargo, en muchos estados, incluidas las organizaciones civiles en España, no se ha tenido acceso a información detallada sobre cómo se implementará, lo que genera desconfianza y preocupación.

La falta de transparencia por parte de los gobiernos europeos ha sido una constante. Aunque organizaciones de la sociedad civil han trabajado para aportar perspectivas y garantizar derechos humanos en el diseño del plan, sus aportaciones parecen haber sido ignoradas. Esto ocurre en un contexto donde algunos estados ya implementan políticas preocupantes, como Italia con su centro de internamiento en Albania y deportaciones contrarias a los derechos humanos. Además, la Comisión Europea considera "soluciones innovadoras" que, lejos de proteger, refuerzan prácticas que vulneran derechos.

Desde el inicio del pacto, numerosas oenegés, como Médicos del Mundo, han señalado los riesgos de estas políticas represivas, orientadas más hacia la seguridad que a la protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Estas medidas no solo atentan contra derechos fundamentales, sino que también criminalizan la solidaridad de organizaciones que realizan rescates, proveen alimentos, refugio o asistencia legal. Países como Hungría y Croacia han penalizado estas actividades, con el aval implícito de la Comisión Europea.

En España, aunque ha habido gestos iniciales del gobierno para incluir a la sociedad civil en la elaboración del plan nacional, no se ha materializado en consultas efectivas ni acceso al borrador. Ante esta incertidumbre, las organizaciones insisten en que España tiene una oportunidad histórica para adoptar un enfoque basado en derechos humanos, alejándose de las fracasadas políticas de control de fronteras y externalización, que solo han generado más muertes y sufrimiento en rutas migratorias.

El plan español debe priorizar garantías como asistencia jurídica gratuita, análisis individualizado de solicitudes, atención sanitaria especializada y tramitación adecuada para personas vulnerables. En el caso de la infancia, resulta esencial garantizar la unidad familiar y los derechos de los menores. Además, es crucial establecer un sistema estructural y dimensionado para gestionar emergencias, evitando excepciones que limiten el acceso a la protección.

Las organizaciones demandan un compromiso claro para cumplir con los estándares legales y tratados internacionales en derechos humanos, promoviendo una política migratoria que respete la dignidad y la vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo. España podría ser un ejemplo frente a gobiernos europeos que optan por políticas represivas. Aún es posible garantizar un enfoque humano y justo en la gestión migratoria.