Habitar sin especular

Las propuestas de la economía social han irrumpido de lleno en el debate parlamentario sobre la futura ley aragonesa de vivienda. La semana pasada, Anabel García Recio, coordinadora del grupo de vivienda de REAS Aragón (Red de Economía Alternativa y Solidaria), intervino en el proceso de audiencias legislativas abierto en las Cortes de Aragón.

García Recio defendió la inclusión en la norma del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso. Reclamó su reconocimiento legal y lo presentó como una alternativa real y sostenible, frente a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda.

El movimiento de la economía solidaria apuesta por esta fórmula, basada en el derecho de uso, y no de la propiedad, porque la vivienda «no puede ser un bien de compraventa especulativo», ya que se trata de «un derecho fundamental. Pero entenderla como un bien de inversión está dejando fuera a mucha gente», sostiene esta integrante de REAS Aragón.

En su intervención en las Cortes, señaló que «nos encontramos en un punto de inflexión en materia de vivienda», y destacó que cada vez más personas se ven obligadas a endeudarse de por vida o a destinar la mayor parte de sus ingresos al pago del alquiler. «El derecho a una vivienda digna está recogido en nuestra Constitución. Es un mandato a los poderes públicos para garantizarlo y para impedir la especulación. Sin embargo, el sistema actual no da respuesta», denunció, recordando que el precio del alquiler en Zaragoza ha aumentado un 64% en la última década.

En este contexto, García Recio reivindicó la necesidad de abrir paso a modelos que, como la vivienda colaborativa, ya están demostrando su viabilidad, tanto en Aragón como en el resto de España, en plena expansión, con más de 2.000 viviendas colaborativas en marcha en el conjunto del estado, y la previsión de superar las 4.000 en 2028. Por no hablar países tan diversos como Canadá, Uruguay o Dinamarca, donde está plenamente consolidado.

Frente a las dificultades de la mayoría social para acceder a un recurso habitacional, la vivienda cooperativa en cesión de uso promueve una alternativa situada a medio camino entre la compra y el alquiler. Una cooperativa sin ánimo de lucro es la propietaria de los inmuebles, y los socios disfrutan de un derecho de uso indefinido a precio de coste, lo que garantiza estabilidad y evita la especulación inmobiliaria.

Bajo este modelo de propiedad colectiva, «no se trata de poseer, sino de vivir», afirmó la representante de REAS en las Cortes. Además de garantizar estabilidad habitacional, esta fórmula prioriza la sostenibilidad, los espacios comunes, el cuidado mutuo y el vínculo con el entorno. «No solo construye viviendas, construye comunidad», apostilló.

Por ello, REAS Aragón solicitó a los grupos parlamentarios autonómicos que la ley de vivienda de Aragón reconozca legalmente el modelo de cesión de uso, equiparándolo a otras formas de tenencia, como el alquiler. Entre otras desventajas, la falta de reconocimiento legal de la vivienda colaborativa dificulta el acceso a subvenciones y líneas de fomento a las cooperativas que pretenden impulsarla, al no estar contemplada en ninguna normativa.

Otras comunidades autónomas ya han dado pasos en este sentido. Y, a nivel estatal, REAS impulsó la aprobación en el Congreso de los Diputados, en febrero, de una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar una estrategia de apoyo al cooperativismo de vivienda en cesión de uso, en coordinación con otras administraciones. Pero, sin una ley autonómica, de poco servirá, ya son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de vivienda.

REAS Aragón también solicita que la futura norma aragonesa incluya una definición clara y adecuada de este modelo. Por ahora, su encaje en el proyecto de ley entraría en la tipología definida como alojamientos temporales que, como dejó claro Anabel García Recio en su comparecencia, «no responden a la realidad de estos proyectos. Los conceptos de coliving o cohousing, con ese enfoque de temporalidad y planteamiento de 20 metros cuadrados sin cocina, no solo son inadecuados, sino que no cumplen ni siquiera con el Código Técnico de Edificación y, por lo tanto, no deberían proponerse en una ley de vivienda».

«Lo que pedimos es sencillo», concluyó. «Que esta ley abra camino a una fórmula de acceso a la vivienda más justa, estable y adaptada a las necesidades actuales».