Mauricio Valiente, Director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): "No podemos convertir nuestros países en campos de concentración"

Pregunta: ¿Es necesaria una nueva ley de asilo?

Respuesta: Los contenidos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, una revisión de las políticas que los estados de la Unión Europea tienen de plazo para aplicar hasta junio de 2026, son de tal calado que se requiere una nueva ley para poderlos incorporar. Bien es cierto que la ley actual, con sus defectos y limitaciones, ha funcionado bien, y también podría haberse partido de ella para introducir las modificaciones. Pero si el Gobierno ha apostado por una nueva ley, será que quiere un cambio sustancial, en la dirección de este pacto europeo que, a juicio de la mayoría de las organizaciones sociales, tiene una orientación bastante negativa y restrictiva del derecho de asilo.

P: ¿Cuáles son esas restricciones?

R: Fundamentalmente, tres. La primera, la política de externalización de fronteras. El pacto uniformiza las condiciones de entrada en los estados miembros y refuerza la cooperación de los últimos 30 años con los países del entorno para que se conviertan en gendarmes de la UE. Esa externalización del control migratorio supone un riesgo para las garantías en el momento más crítico, cuando las personas llegan a un país seguro y quieren pedir protección.

P: ¿Y la segunda?

R: El pacto consolida una tendencia que ya se ha evidenciado con el listado de países seguros elaborado por la Comisión Europea, que crea automatismos relacionados con el país de origen de las personas que piden asilo. Si un país se considera seguro, sus ciudadanos no van a ser susceptibles de ser reconocidos como refugiados. Es una deriva muy peligrosa, contraria a la Convención de Ginebra, que dice que hay que estudiar cada petición de forma individual, y que no es tan importante el país de procedencia como las circunstancias que ha vivido cada persona.

P: ¿Cambian las condiciones de asilo?

R: El tercer gran riesgo del pacto es la rebaja de las condiciones de acogida. Se ponen más dificultades para la entrada y, una vez dentro, se endurecen las condiciones de solicitud y protección. Y, en caso de rechazo, se acelera la maquinaria para proceder a la expulsión, vulnerando en algún caso garantías muy relevantes.

P: ¿Caben en este nuevo marco europeo mejoras para la garantía de derechos?

R: Sí, porque hay una norma común para toda la UE, pero luego, cada país debe aplicarla en función de sus de sus criterios y de la correlación de fuerzas en sus respectivos parlamentos. Se abre la oportunidad para que los estados cobren un papel protagónico, estableciendo vías seguras para que las personas no tengan que arriesgar o perder su vida para obtener protección. Por ejemplo, mediante la solicitud de asilo por vía diplomática, como hace España, una excepción dentro de UE; aumentando los cupos por estado miembro para el reasentamiento de personas que ya son refugiadas en terceros países, pero que no tienen seguridad; u otorgando visados por razones humanitarias. El pacto europeo no contempla estas vías, pero tampoco impide que los estados avancen en esa dirección.

P: ¿Ha trasladado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sus propuestas al Gobierno?

R: Sí, hemos presentado un decálogo con los aspectos más positivos de la ley actual que se podrían reforzar y propuestas que se podrían introducir con la modificación. Y creemos que, sin contradecir el pacto europeo, hay margen suficiente para que España juegue un papel de contrapeso en esta ola reaccionaria que estamos viendo en algunos países, hasta extremos tan preocupantes como ha sido el caso de Italia, con la habilitación de centros en Albania.

P: ¿Qué haría falta para acceder al procedimiento de asilo con garantías?

R: En primer lugar, el establecimiento de vías seguras que mencionaba. Segundo, el refuerzo de la asistencia jurídica gratuita, ya que el pacto europeo rebaja las condiciones y habla de asesoramiento. Sin ella, es muy difícil que una persona pueda explicar cómo la situación que ha vivido le ampara para pedir asilo. También es muy relevante que en España se mantenga el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que en la ley actual está contemplado como un instrumento de asesoramiento al Gobierno.

P: ¿Qué alternativas a la detención propone CEAR?

R: Uno de los aspectos más preocupantes del pacto europeo es la posibilidad de aumentar los plazos en los que las personas están privadas de libertad mientras solicitan asilo. La ley actual contempla ocho días, un procedimiento relativamente rápido, pero ampliar esa situación dramática supondría traspasar una línea roja. El control del domicilio o la documentación, las comparecencias periódicas, el seguimiento por parte de las entidades sociales que atienden a los solicitantes… Son otras medidas razonables, y no tan extremas como la privación de libertad. No podemos convertir nuestros países en enormes campos de concentración.