Una brecha territorial

Se han cumplido cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, que puso fin a las tutelas de las personas adultas con discapacidad y marcó un antes y un después en sus derechos. Esta reforma la legislación civil y procesal para darles apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica supuso un hito en la transición hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad, reconociendo que la discapacidad no debe ser una barrera para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

«Supuso un cambio de paradigma radical. Dejó atrás el sistema tutelar para dar paso al modelo de apoyos, alineado con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que deja claro que no hay verdadera inclusión sin capacidad jurídica reconocida y ejercida», subraya Luis Gonzaga, presidente de la Asociación Liber, de ámbito estatal, y de la fundación aragonesa Luis de Azúa.

Cuatro años después, Liber ha elaborado el estudio La situación del apoyo a la toma de decisiones en España, que muestra una gran desigualdad territorial. Las conclusiones se han presentado en el Congreso de los Diputados, y una de las principales es que aún queda mucho por hacer para que ese avance llegue con la misma fuerza a todas las comunidades autónomas.

El informe pone el foco en cómo se está implementando esa transformación, qué progresos se han logrado y qué retos siguen pendientes. Examina los marcos normativos autonómicos, así como el grado del reconocimiento de los servicios de apoyo en las leyes y carteras de servicios sociales y su grado real de implementación. Y analiza los modelos de relación público-privada en la provisión de servicios de apoyos y su sostenibilidad y financiación, «porque garantizar derechos también exige dotar a las entidades de los recursos adecuados para cumplir su función», apunta Gonzaga.

Liber ha constatado notables diferencias territoriales en la financiación de estos servicios. De hecho, uno de los principales déficits identificados por el estudio es el relacionado con la financiación. Aunque diez comunidades autónomas o diputaciones forales ya permiten que los apoyos a la toma de decisiones se presten mediante el sistema de concierto social -entre ellas no está Aragón-, únicamente Cataluña y Baleares lo aplican.

Este sistema de financiación permite a las administraciones públicas establecer acuerdos estables con entidades sociales y es clave para garantizar la sostenibilidad y calidad de los apoyos. Además, según Gonzaga, «la gran diferencia entre el modelo privado frente al público es que la atención es más directa y que, a parte de los profesionales, existe un voluntariado que aporta el trato afectivo y cercano con la persona apoyada, a la que se le diseña un plan personalizado de apoyos». Pero, sin una financiación adecuada, muchas entidades tendrán serias dificultades para continuar con el trabajo que están haciendo.

El informe destaca que las desigualdades territoriales siguen siendo un obstáculo estructural. «Las diferencias en el reconocimiento normativo, en la provisión de apoyos o en la existencia de fuentes de financiación estables hacen que el acceso a derechos varíe demasiado según el lugar en el que se viva. Esta situación es insostenible desde el punto de vista de la equidad, y requiere una respuesta política y técnica decidida», indica el presidente de Liber.

Por ello, la asociación insta a las administraciones públicas a que reconozcan y fortalezcan el papel de las entidades privadas que, como las 36 que forman la red de Liber -entre ellas, las aragonesas Azúa, Fundat y Valentia-, llevan años adaptando sus apoyos a las necesidades reales de miles de personas con discapacidad. El objetivo es «avanzar en la garantía del derecho a la toma de decisiones, en condiciones de igualdad, desde el respeto absoluto a su voluntad, deseos y preferencias», y que «ninguna persona, por motivo de discapacidad, quede excluida del derecho a decidir sobre su propia vida».

Gonzaga pide que no solo se reconozcan derechos, «sino que se hagan efectivos, con apoyos suficientes, sostenibles, estables y accesibles». Unos derechos que no son «simbólicos ni retóricos, sino profundamente transformadores, ya que implican reconocer la ciudadanía plena y activa de quienes durante demasiado tiempo han sido apartados de los espacios donde se decide lo que afecta a sus vidas».