Buenos y malos datos del estado de bienestar

Dato bueno. La pobreza y la exclusión social disminuyen en España. Según el XV Informe El Estado de la Pobreza de EAPN, la proporción de personas en pobreza está en niveles similares a los previos a la crisis de 2008 (19,8%; 9,6 millones), los índices de desigualdad están en mínimos y, según los datos de carencia material y social severa, parece verse el final de la crisis del coste de la vida de los últimos años.

Dato malo. Aunque hay menos gente en pobreza, esta es más intensa, es decir, cuesta más salir de ella. En un escenario de mejora general, persiste una elevada tasa de pobreza y exclusión social (25,8% este año, es decir, 12,5 millones de personas), la pobreza infantil es la más elevada de la UE, la vivienda permanece como un factor de empobrecimiento y no mejora la situación de la población en pobreza con rentas más bajas.

Esta dicotomía de celebración contenida o tristeza optimista se refleja en el papel que juega el estado de bienestar. Sin las prestaciones públicas (pensiones por jubilación, de desempleo, de garantías de renta como el IMV, de protección a las familias, etc.), la población en pobreza se duplicaría. Es decir, el estado del bienestar evita que 11,1 millones de personas caigan en la pobreza: 8,1 gracias a las pensiones por jubilación y tres al resto de prestaciones sociales. Además, esta reducción aumenta el último año, lo que demuestra la eficacia de medidas puestas en marcha durante la pandemia en el conocido como escudo social, algunas de las cuales se han ampliado y consolidado desde entonces. Dato bueno.

Pero la situación es claramente mejorable. Si se compara el efecto reductor de la pobreza del estado de bienestar español con el de otros países similares, se hace evidente que queda camino por recorrer: en nuestro país, las prestaciones sociales (salvo las pensiones) reducen la pobreza una cuarta parte (decrece un 23,9%), en Irlanda lo hace más de la mitad (un 52,9%) y en Francia un 38,8%. Las causas son múltiples: menor inversión en protección social que la media de la UE, un sistema fiscal menos redistributivo, con menor progresividad y mayor peso de impuestos indirectos. Además, en países como Francia o los nórdicos, los servicios públicos de calidad -como educación, sanidad, cuidados o vivienda asequible- reducen más el coste de vida y, por tanto, la pobreza. Dato malo.

Se confirma pues la eficacia del estado del bienestar para reducir la pobreza y la desigualdad. Dato bueno. Pero las cifras muestran un margen de mejora si queremos ampliar su alcance y suficiencia. Dato malo, pero reversible con políticas adecuadas y viables, como diseñar sistemas complementarios y compatibles de garantías de rentas o de acceso a la vivienda. Aprobar medidas que mejoren la vida de las personas en situación más vulnerable conlleva la responsabilidad de los gobiernos central, autonómicos y locales, y de todas las formaciones. Reforzar el estado de bienestar y acabar con la pobreza es, en definitiva, una decisión política.