Luciano Poyato Roca: "Las emergencias tienden a agravar desigualdades que ya existen"

¿Las emergencias ya no son situaciones extraordinarias?

Ya no. Hoy forman parte de nuestro día a día: olas de calor, inundaciones, incendios o crisis económicas y geopolíticas entrelazadas que nos afectan de muchas formas. Vivimos una crisis ecosocial, y esto nos obliga a repensar cómo respondemos a las emergencias, que no solo dañan infraestructuras, sino que afectan a las personas. Por eso, necesitamos respuestas rápidas, pero también integrales, inclusivas y sostenidas en el tiempo. Porque lo que está en juego no es solo la recuperación, sino también la justicia social.

¿Toda la población está igual de expuesta?

No, las emergencias no son neutras. Tienden a agravar desigualdades que ya existen. Las personas en situación de vulnerabilidad —mayores, con discapacidad, migrantes, mujeres víctimas de violencia o infancia en riesgo— suelen tener más dificultades para protegerse y acceder a información o apoyo adecuado, y quedar fuera si los protocolos no contemplan su realidad. Las brechas sociales se hacen más visibles en estos contextos, y eso nos obliga a pensar en respuestas que reconozcan esa desigualdad estructural y actúen en consecuencia.

¿Por qué afloran las brechas sociales?

En esos momentos, se ve con claridad quién tiene acceso a una vivienda segura, a información comprensible, a atención sanitaria… y quién no. También se evidencian carencias estructurales: barrios sin servicios básicos, alertas que no son accesibles, recursos que no están pensados para todas las personas...

¿Por qué es preciso un abordaje social?

Ninguna emergencia puede abordarse de forma completa si no se tiene en cuenta su dimensión social. Cuando ocurre una crisis, no todas las personas la viven igual. Hay quienes ya están en situación de vulnerabilidad —por exclusión residencial, discapacidad, salud mental o violencia machista, entre otros factores— y necesitan una respuesta que reconozca esas realidades. El enfoque social significa, en esencia, poner a las personas en el centro. No se trata solo de reparar, sino de atender las necesidades específicas de quienes más lo necesitan, respetando sus derechos y garantizando que nadie quede atrás. Es una forma de actuar basada en los derechos humanos, en los principios humanitarios y en la coordinación entre todos los actores implicados.

¿Cuándo debe aplicarse?

Este enfoque debería estar presente en todas las fases, desde la prevención y la preparación, pasando por la respuesta inmediata, hasta la reconstrucción. La prevención, por ejemplo, implica contar con sistemas de alerta temprana accesibles, identificar los factores de vulnerabilidad y diseñar protocolos que incluyan a todas las personas. Y en la reconstrucción, no se trata solo de volver al punto de partida, sino de aprovechar la oportunidad para hacer las cosas mejor: acabar con la infravivienda, garantizar la accesibilidad, reforzar los servicios sociales y construir entornos más seguros y justos.

¿Cuál es la clave para que su abordaje sea inclusivo?

La clave está en diseñar respuestas que tengan en cuenta la diversidad de situaciones y necesidades que existen en la sociedad. Eso implica trabajar desde la participación real, la coordinación con el tercer sector y una mirada interseccional que reconozca que no todas las personas parten del mismo lugar. Cuando esto no se hace, el abordaje termina siendo excluyente, las desigualdades se perpetúan y se pierde la oportunidad de reconstruir de forma justa y equitativa. Un enfoque inclusivo no solo mejora la eficacia de la intervención, sino que también garantiza que nadie quede atrás en los momentos más difíciles.

¿Qué papel juega el tercer sector?

Las entidades sociales estamos en el territorio, conocemos a las personas, sus contextos y sus necesidades. Por eso, cuando ocurre una emergencia, estamos desde el primer momento y permanecemos cuando otros se van. No solo ofrecemos ayuda inmediata, también acompañamos en los procesos largos de reconstrucción, en lo emocional, en lo comunitario y en lo cotidiano. Y las últimas emergencias que hemos vivido en nuestro país así lo demuestran. En la pandemia, el volcán de La Palma o la dana, el tercer sector ha estado en primera línea, gestionando albergues, apoyando evacuaciones, ofreciendo atención psicosocial y movilizando a miles de personas voluntarias.

¿Y cuál debería jugar?

El tercer sector tiene que formar parte estructural del sistema de prevención, respuesta y reconstrucción. No como un actor invitado, sino como un agente imprescindible, con voz propia y presencia estable en la toma de decisiones. Pero, para eso, necesitamos reconocimiento institucional, financiación estable y espacios de coordinación permanentes con las administraciones públicas. Y que se garantice nuestra participación en todas las fases, desde la prevención hasta la reconstrucción.