«La defensa de todas las formas de vida implica arriesgar la propia»

La abundancia de recursos naturales en su región, ¿es una fortaleza o una debilidad?

Los bienes naturales de Colombia permiten dar garantías a sus comunidades, pero también despiertan mucho interés en países que buscan su control y gestión, pues los consideran geoestratégicos, y hacen lo que consideran necesario para acceder a ellos. Eso incluye el chantaje, la presión política y la violencia directa. Esa realidad ha sido el motor de unos proyectos extractivos que implican conflictos con comunidades locales, violación de derechos humanos y despojos.

Colombia concentró casi la mitad de los asesinatos mundiales de defensores de los Derechos Humanos en 2024. ¿Merece la pena el riesgo?

La respuesta corta es sí. La larga es que, sin ánimo de tener complejo de superhéroes, la defensa de todas las formas de vida algunas veces implica arriesgar la propia. Garantizar condiciones de dignidad para las generaciones que vienen depende de las decisiones que se tomen ahora, y eso pasa por definir cómo ordenar el territorio y por defenderlo de quienes quieran despojarlo y privatizarlo. Defender la vida humana y la naturaleza es cuestión de sentido común, aunque este sea el menos común de los sentidos.

¿Por qué se han recrudecido la situación humanitaria y la violencia en los últimos años?

Luego del acuerdo con la guerrilla de las FARC y su posterior desmovilización, sus disidencias y otras organizaciones armadas ocuparon el espacio que estas ocupaban, mientras el Estado no lo hizo, o lo hizo parcial y exclusivamente por medio de fuerza pública, pero no con otras instituciones que garantizaran derechos a quienes viven en esas zonas. Así que, con el fin de controlar aquellas áreas, entre otras cosas, se ejerce violencia sobre las comunidades. Por otro lado, la extracción de materias primas y el control de las cadenas de suministro de diferentes sectores económicos, como la cocaína y el oro, requieren control territorial y social para garantizar su flujo al mercado mundial.

¿No está funcionando la política de Paz Total del actual gobierno?

Una de las propuestas de Gustavo Petro durante la campaña era la implementación del acuerdo con las FARC, pero ninguno de los puntos se ha desarrollado plenamente. Por otro lado, la política de Paz Total con la que el gobierno pretendía terminar el conflicto armado, no el social y político, ha tenido muchos fallos: las múltiples mesas de negociación son un universo particular, no tiene soporte jurídico, algunos grupos se han atomizado, lo que limita el alcance de la apuesta, o la falta de respeto a las mesas nacionales. Esos fracasos están mediados porque no hay caminos claros para acabar las economías ilegales que sirven de motor para la guerra. Además, se busca pacificar el país, pero no dar respuesta a las demandas sociales.

¿A qué se dedica CEDINS?

En sus 60 años, el instituto ha centrado sus esfuerzos en habilitar espacios y herramientas de formación para sindicatos, organizaciones campesinas, urbanas y otras organizaciones sociales en Colombia. Además, se dedica investigar temas como el mundo del trabajo o los conflictos socioecológicos. Todas las investigaciones se realizan de la mano con organizaciones sociales, ya que conocen mejor que nadie las situaciones que las aquejan y las salidas que han construido, y se busca que les sean de utilidad para la construcción política.

¿Qué esperan conseguir con el proyecto que financia la Diputación de Zaragoza?

Además de resaltar la importancia de la defensa de los Derechos Humanos, así como la labor de quienes realizan esa actividad, pretende rastrear y mapear los conflictos socioecológicos provocados por actividades mineras, de hidrocarburos, asociadas al agronegocio y de construcción de grandes proyectos de infraestructura. Los intereses que están tras cada uno de esos sectores van en contra de los planes de vida de las comunidades, de sus visiones del mundo y de sus apuestas políticas y de vida. Como nada de ello es compatible con el capitalismo, es el motor que impulsa la violación a los Derechos Humanos, así que también buscamos identificar cuáles son las empresas que se benefician de esas actividades.

¿A qué necesidades de la población del Magdalena Medio Bolivarense y el Bajo Cauca Antioqueño responde el proyecto?

Las organizaciones que están allí han hecho una labor valiente y fundamental, pero desde el instituto buscamos aportar herramientas técnicas, como el uso de sistemas de información geográfica, para complejizar la lectura espacial y de la realidad de esas regiones. Eso es de gran ayuda para generar interlocuciones con el Estado o para la planeación territorial. Permite señalar cuáles son los actores presentes en el territorio y poner cara a quienes están provocando los conflictos socioecológicos y aprovechándose de ellos.