María José Gascón: “La mejor defensa e inclusión de las personas migrantes es que tengan derechos”

¿Qué reclama el Movimiento Regularización Ya, al que apoya Oxfam Intermón?

Lo hemos apoyado desde el inicio, ya que lidera una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en nuestro país. Logró más de 700.000 firmas, recogidas con el apoyo de la sociedad civil y más de 900 entidades muy diversas. Su toma en consideración fue aprobada, en abril de 2024, con el voto a favor de todos los partidos, excepto Vox. Lamentablemente, su tramitación sigue estancada en el Congreso.

¿Será posible aprobar esta ley?

Si la aritmética parlamentaria, como parece ocurrir actualmente, no da para sacar adelante una ley que garantice sus derechos a personas que ya viven en nuestro país, pero que carecen de ellos, el Gobierno debe buscar otras fórmulas, como las utilizadas en anteriores ocasiones, como en la catástrofe de la dana en Valencia o en otras regularizaciones extraordinarias. En España, tanto el PSOE como el PP han aprobado nueve desde 1986.

¿Por qué la apoya Oxfam Intermón?

Su aprobación es urgente y está cargada de razones éticas y prácticas. La mejor defensa e inclusión de las personas migrantes es que tengan derechos. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad y justicia. Resulta inconcebible que miles de personas residentes en nuestro país, nuestros vecinos y vecinas, queden al margen de las instituciones, en un limbo administrativo que les aboca a vivir con miedo, expuestos a todo tipo de explotación, desprotección legal o la exclusión de facto de derechos y servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, durante al menos dos años, en el mejor de los casos.

¿Cuáles son las razones prácticas?

El Banco de España estima que los extranjeros aportaron un 25% del crecimiento del PIB per cápita de España desde 2022 y el 90% de los nuevos puestos de trabajo creados entre enero de 2024 y marzo de 2025 han sido ocupados por personas migrantes. Varios sectores de actividad ya dependen total o mayoritariamente de la mano de obra migrante. Por ejemplo, representa el 72% de los empleos en el sector doméstico y el 45% en la hostelería. La contribución de los trabajadores extranjeros es un factor clave en el crecimiento de la población, que alcanza una tasa del 4,2%, y está revitalizando la España rural.

¿Cuenta esta regularización extraordinaria con apoyos en otros sectores de la sociedad?

Resulta difícil encontrar hoy un asunto capaz de concitar un respaldo tan transversal y amplio en nuestra sociedad como el que ha logrado esta ILP. Ha sido apoyada en declaraciones públicas por la Iglesia católica y por representantes de la CEOE. La patronal ha manifestado, en numerosas ocasiones, la necesidad de una regularización urgente de trabajadores extranjeros para cubrir la falta de mano de obra en sectores clave como la construcción, la agricultura y la distribución.

Oxfam Intermón pide también que se garantice el derecho al empadronamiento en todos los municipios. ¿No lo está ya?

El certificado de empadronamiento es el requisito utilizado habitualmente para evidenciar el tiempo que una persona lleva viviendo en nuestro país y poder regularizar su situación administrativa a través de los diferentes arraigos. El marco jurídico español señala que toda persona que habite en un municipio debe y tiene derecho a empadronarse, sin distinción de nacionalidad, situación administrativa o condición habitacional. Sin embargo, muchos municipios están obstaculizando el acceso al padrón, pese a ser una obligación para los ayuntamientos.

¿Cómo percibe la sociedad española la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentran miles de personas?

Según una encuesta que realizamos a más de 4.000 personas, cuando se piensa en tipos de desigualdad, la brecha entre ricos y pobres es la más percibida, seguida de la derivada de la situación irregular de las personas migrantes.

También hay voces contrarias, que sostienen que la población migrante supone más gasto que beneficio para el Estado. ¿Es esto cierto?

Los discursos antinmigración están calando peligrosamente en la sociedad, aunque en la mayoría de las ocasiones están basados en desinformación o bulos. Las personas migrantes aportan al Estado un 70% más de lo que reciben y un 30% más que los nacidos en España, según un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena. Aportan un 10% de los ingresos en nuestra Seguridad Social y solo suponen un 1% del gasto, según datos del Gobierno.

¿Temen que la cifra de personas en situación irregular pueda aumentar?

Podría crecer de forma significativa por el nuevo reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo, y su impacto directo en las personas solicitantes de asilo, que, si ven su solicitud denegada, pierden la antigüedad a la hora de intentar regularizar su situación por arraigo.