Políticas integradas, no parches
Cáritas propone cuatro ejes de actuación al Gobierno, con especial atención a la vivienda, la inmigración y la infancia y la juventud, para poner coto a las principales causas de la exclusión social en España, que afecta a 9,4 millones de personas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió hace unos días al presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, en el Palacio de la Moncloa. / Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
Un sistema integrado de políticas públicas, más vivienda social en alquiler, la protección de la infancia y la juventud y una regularización extraordinaria de personas migrantes. Estos son los grandes ejes de actuación que, según Cáritas, pueden ayudar a atajar las principales causas de la exclusión social en España, que afecta a 9,4 millones de personas, especialmente a niños y jóvenes.
Estas cuatro propuestas son consecuencia de los datos del IX Informe Foessa, realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación y fundaciones. Y que el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión celebrada hace unos días en el Palacio de la Moncloa para presentarle este macroestudio, cuya última edición vio la luz en noviembre, tras la anterior, de 2019.
El IX Informe Foessa, cuya principal fuente es una encuesta realizada a 12.289 hogares en todo el país, 586 en Aragón, afirma que España atraviesa un momento histórico decisivo y «de profunda complejidad», según la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro. «Tras décadas de transformaciones aceleradas que han reconfigurado su estructura social, económica y territorial, el país se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas».
En los últimos años, los indicadores macroeconómicos apuntan a recuperación y crecimiento. La reforma laboral ha contribuido a reducir la temporalidad y parte de la precariedad, y han mejorado las tasas de desempleo, incluido el de larga duración.
A su vez, el escudo social ha ampliado prestaciones y ha mitigado el impacto de la covid-19 y de la posterior crisis inflacionaria sobre los colectivos más vulnerables. Entre estas medidas, Cáritas destaca el Ingreso Mínimo Vital «como un avance significativo en la garantía de ingresos, aunque aún con margen de mejora en términos de cobertura e intensidad protectora».
Sin embargo, «en un contexto de crisis demográfica y fecundidad frustrada», el IX Informe Foessa señala que la infancia y la juventud son los eslabones más débiles del actual modelo socioeconómico. El 29% de la niñez en España se encuentra en exclusión, mientras que 2,5 millones de jóvenes viven atrapados en la precariedad estructural, con temporalidad, parcialidad y salarios bajos que duplican la media de la población.
La vivienda se ha convertido además en el epicentro de la desigualdad en el país. Hoy es «el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias», asegura Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa y coordinador del informe.
Mientras, el 45% de las personas que viven en casas alquiladas está en riesgo de pobreza y exclusión, la cifra más alta de la Unión Europea. «El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza», sostienen desde Cáritas.
Y, aunque el empleo mejora macroeconómicamente, ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población en situación de exclusión moderada o severa trabaja.
Frente a esta realidad, Bretón subrayó ante el presidente del Gobierno la necesidad de poner en marcha sistemas integrados de políticas públicas, no parches sectoriales; una reforma estructural de la vivienda con una ampliación del parque social en alquiler; la protección económica a la infancia y a la juventud para frenar la transmisión intergeneracional de la desigualdad y una integración migratoria basada en derechos y en convivencia.
«Esto requiere un consenso político. Vivienda, relevo generacional, desigualdad climática, sostenibilidad fiscal, integración migratoria: son políticas de país, no de legislatura. Y demanda un nosotros inclusivo. Porque la exclusión es evitable. La evidencia demuestra que cuando hay políticas sostenidas, hay resultados. El desafío ahora es extender esos resultados a quienes siguen esperando. Ese es el sentido del cambio social que proponemos para España y sus territorios», concluyó en Moncloa el presidente de Cáritas Española.
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