La economía social aragonesa, ante el 8F

Las convocatorias electorales ofrecen siempre la oportunidad de construir políticas para mejorar la vida de las personas y de generar entornos que favorezcan iniciativas económicas, sociales y empresariales que beneficien al conjunto de la sociedad. Ante la cita del 8 de febrero, Cepes Aragón pretende aportar a los debates electorales las propuestas de las más de 7.359 entidades de economía social, que representan el 8,2% de las empresas existentes en el territorio y generan el 9,6% del PIB y 22.802 puestos de trabajo, el 3,8% del empleo total en la comunidad.

Cepes Aragón celebró este martes un encuentro con los principales partidos representados en las Cortes de Aragón, con el objetivo de conocer sus planteamientos generales para la próxima legislatura. Y también para presentarles las siguientes siete propuestas, elaboradas sobre la base de la experiencia, como organización empresarial y entidad representante de la economía social aragonesa.

La primera propuesta consiste en reforzar e incrementar el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social, así como crear planes provinciales y locales de fomento de la economía social. En segundo lugar, queremos situar a la economía social en centro de la agenda legislativa y de las políticas socioeconómicas que son competencia de la comunidad autónoma.

Tercero, proponemos convertir a la economía social en el aliado estratégico de los poderes públicos autonómicos en todas aquellas iniciativas dirigidas a hacer frente al desafío del reto demográfico y la despoblación de los territorios. Y cuarto, pedimos a las administraciones territoriales que apuesten por el emprendimiento colectivo, a través del apoyo a la constitución de sociedades cooperativas, sociedades laborales y otros modelos de la economía social, y en particular en los sectores considerados emergentes en el sistema económico y en los sectores de base tecnológica.

Nuestra quinta propuesta plantea situar a la economía social a la vanguardia de las grandes transformaciones digital y verde y en las iniciativas de innovación social de los territorios. La sexta pide a la Administración autonómica que aplique la contratación pública responsable, establecida de manera obligatoria en nuestro ordenamiento jurídico, fomentando la contratación pública de las entidades de la economía social.

Y en último lugar, solicitamos que se contemple la representación de las entidades aragonesas de la economía social en organismos con capacidad de decisión, como el Consejo Económico y Social de Aragón, y dar continuidad a otros entes, como el Consejo Aragonés de Economía Social, de acuerdo con la Ley Aragonesa de Economía Social.

Cepes Aragón espera que estas siete propuestas puedan implementarse, e incluso ampliarse, en el territorio aragonés, ya que la economía social puede ser una gran aliada ante algunas de las dificultades con las que lidia Aragón, y una gran impulsora de políticas sociales sostenibles, solidarias y eficaces.