Sanitarios en el punto de mira

En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas. El personal médico y los pacientes asesinados en zonas de conflicto se duplicaron con respecto a los 944 casos registrados en 2024.

Los ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados han alcanzado niveles récord. Las partes beligerantes, incluidos los estados, eluden cada vez más su obligación, en virtud del derecho internacional humanitario (DIH), de proteger las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos, según un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condenaba los ataques contra la asistencia sanitaria y pedía el fin de la impunidad, los estados deben cumplir el DIH, respetar la vida de los civiles, garantizar la rendición de cuentas y revertir la cultura de impunidad», exhortan desde MSF.

El informe, titulado La atención médica en el punto de mira, se nutre de bases de datos internacionales y de la propia experiencia de MSF en conflictos armados. Y constata que, el año pasado, Sudán fue el país más afectado, con 1.620 personas asesinadas. El segundo fue Myanmar, con 148, seguido de Palestina, con 125, Siria, con 41, y Ucrania, con 19 personas masacradas en instalaciones sanitarias.

Este estudio de MSF destaca un preocupante descenso en el respeto del DIH por parte de las partes beligerantes. Esta tendencia es evidente tanto en los datos estadísticos como en las declaraciones realizadas por miembros de los gobiernos y los ejércitos.

«Las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los ‘ataques por error’ a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario ‘han perdido la protección’ que les otorga el DIH. Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil», afirma Erik Laan, experto en incidencia política de MSF.

En algunos casos, los ataques pueden deberse a interpretaciones erróneas del DIH o al aprovechamiento de ambigüedades tanto en el derecho convencional como en el consuetudinario. En consecuencia, la carga de la responsabilidad ha cambiado: en lugar de ser consideradas automáticamente civiles y, por lo tanto, protegidas, las comunidades y las instalaciones sanitarias deben ahora demostrar que no son objetivos militares.

«A menudo se pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes, como la de avisar con antelación antes de un ataque», explica Laan. «Esto impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacuen a los pacientes».

En 2024, se documentaron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022. Y aproximadamente el 81% de ellos se atribuyó a grupos estatales, que son «más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas», afirma Raquel González, coordinadora de MSF España.

La violencia contra la atención médica y humanitaria provoca el cierre de servicios médicos esenciales y la retirada de las organizaciones humanitarias, lo que corta el acceso a la atención sanitaria a comunidades que a menudo no tienen alternativas. Además, el personal contratado localmente se ve especialmente afectado por estos ataques, pues representa el 98% de los trabajadores humanitarios asesinados.

«Los estados deben cumplir el derecho internacional, y todas las partes beligerantes deben garantizar mecanismos adecuados para la intervención militar a fin de asegurar la protección de la atención médica, impedir el uso de instalaciones médicas con fines militares e integrar la protección de las misiones médicas en la doctrina militar y la toma de decisiones», afirma Laan. Han de «rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes» y «aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias investigaciones y compartir los resultados de forma transparente. Estos mecanismos son esenciales para establecer los hechos y contribuir a garantizar la rendición de cuentas y contrarrestar la cultura de impunidad imperante», concluye.