El Aragón que queremos

Durante años, hablar de vulnerabilidad o de pobreza nos llevaba a pensar en una parte de la población que, entre otras dificultades, carecía de trabajo. Sin embargo, hoy, la pobreza y la exclusión social alcanzan también a personas con empleo. Y, quienes ya estaban al límite, están en peor situación.

Ante este escenario, queremos trasladar a los partidos políticos una serie de demandas. La primera es la ampliación del parque público de vivienda. El alquiler asequible, tal y como está configurado actualmente, es inaccesible para muchas familias por los elevados precios. También es necesario priorizar el acceso a vivienda protegida o de alquiler social para quienes sufren con mayor intensidad los efectos de la discriminación por edad, composición familiar, origen u otras circunstancias.

En segundo lugar, es urgente poner en marcha en Aragón un mecanismo de acompañamiento efectivo que garantice que las personas con derecho al Ingreso Mínimo Vital, al Complemento de Ayuda para la Infancia y a la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV conozcan estas prestaciones y puedan acceder a ellas.

El acceso a estas ayudas debe ir acompañado, cuando sea necesario, de itinerarios de inserción social que sitúen a la persona en el centro, reconozcan sus capacidades y potencien su autonomía. Por ello, reclamamos la puesta en marcha del Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, una demanda histórica de las entidades sociales aragonesas. Permitirá acompañar de forma integral a personas en situación de vulnerabilidad en su proceso de inclusión, será voluntario y el derecho a participar en los itinerarios no estará vinculado a la percepción de prestaciones económicas.

Por otra parte, hablar de políticas públicas en Aragón sin reconocer el papel de las entidades del tercer sector sería ignorar una pieza esencial del engranaje social. Su labor como prestadoras de servicios y como voz de las demandas de las personas más desfavorecidas las sitúa hoy en el centro de la responsabilidad compartida por el interés común, más allá de la defensa de intereses particulares.

Sin embargo, este papel sigue sin contar con un reconocimiento legal adecuado. Por ello, solicitamos el compromiso del próximo Gobierno de Aragón para impulsar una Ley del Tercer Sector que, como ya existe en otras comunidades, permita reconocer, ordenar y fortalecer la acción de las entidades sociales y, con ello, mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Necesitamos un Aragón donde convivir todos sea posible, donde nadie tenga que vivir en la precariedad y todas las familias, especialmente aquellas que parten de situaciones de pobreza o exclusión, tengan garantizadas oportunidades para que sus hijos e hijas puedan aspirar a un futuro mejor. Apelamos a la responsabilidad, la empatía y la voluntad política de los partidos para situar la lucha contra la pobreza como una prioridad ineludible.

Porque el futuro de Aragón se mide, también, en su capacidad para proteger a quienes más lo necesitan.