Los frutos de la explotación

“El campo es muy duro”, asegura Magdalena, trabajadora de origen polaco. “Hace años, tuve problemas de espalda cuando estaba recogiendo fresas y estuve de baja médica con riesgo de operación de columna. Por suerte, ahora estoy mejor”.

Magdalena es una de los 2,4 millones de migrantes que trabajan cosechando frutas y verduras en la Unión Europea con contratos temporales. En teoría, representan a uno de cada cuatro empleados en el sector, pero en realidad podrían ser muchos más, ya que las estadísticas oficiales no incluyen a quienes están empleados de forma no estacional, contratados a través de agencias intermediarias y los que no tienen papeles.

Por tanto, con los datos disponibles, es imposible hacer una estimación fiable de cuántos migrantes trabajan en el campo para que los europeos llenen la cesta de la compra con productos frescos. Y tampoco es posible saber a cuántos de ellos afecta “la explotación sistemática y generalizada” constatada por Oxfam Intermón en la agricultura industrial europea.

Magdalena es, además, una de las protagonistas de las fotografías de la exposición ‘Esenciales, invisibles y explotadas’, que puede verse, hasta el próximo 14 de febrero, en el Centro Pignatelli de Zaragoza. Las imágenes son obra del prestigioso fotógrafo humanitario Pablo Tosco, colaborador habitual de Oxfam Intermón.

Con sus fotos, Tosco ha vuelto a poner nombre y rostro a las frías estadísticas de los informes que elabora la oenegé. En este caso, se trata del estudio ‘Esenciales pero invisibles y explotados’, realizado junto al Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, y que Oxfam Intermón presentó la semana pasada en el Centro Pignatelli, en paralelo a la exposición.

Los consumidores europeos demandan fruta y verdura todo el año, pero ¿cuál es el precio que pagan por ello los recolectores? Según el informe, el coste que asumen estos trabajadores, en gran parte migrantes, es una violación sistémica de sus derechos laborales y humanos en los nueve países estudiados –España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia-.

Son “la parte más vulnerable de la industria agrícola europea”, según Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe. “Se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales”.

Finlandia es la excepción, pero, en el resto de los países examinados, los migrantes suelen cobrar por debajo del salario mínimo. Y la investigación refleja, además, una crónica desigualdad de género, pues muchas mujeres reciben salarios todavía más bajos. En Huelva, la mitad de las mujeres encuestadas afirmaron ganar menos que los hombres, mientras que, en Italia, las trabajadoras inmigrantes dijeron percibir hasta un 30% menos.

Además, “en entornos donde hay desigualdad de poder, dependencia económica y aislamiento, existe un riesgo mayor de acoso, coerción o violencia sexual”, apunta Ruiz. “Muchas veces, el problema no es solo que ocurran estas situaciones, sino las barreras reales para denunciarlas”.

“La explotación laboral no es una consecuencia inevitable ni está explicada por márgenes comerciales, sino por incumplimientos de la ley, fallos de control, asimetrías de poder y situaciones de vulnerabilidad”, indica el investigador. Estrictas exigencias estrictas de calidad y plazos, penalizaciones o cambios de pedido con poco margen, además de la intensa competencia entre proveedores, terminan incentivando ajustes “donde resulta más fácil recortar”, añade.

Ante estas condiciones comerciales, los ritmos de trabajo se intensifican, se reducen los descansos, aumentan los riesgos laborales, no se registran todas las horas trabajadas… “El resultado puede ser precariedad e inestabilidad, jornadas largas o imprevisibles, presión por productividad, dificultades para reclamar por miedo a represalias y condiciones de vida y trabajo que no deberían tolerarse”, denuncia Ruiz.

“La responsabilidad de evitarlo no puede recaer solo en un actor”, continúa. “Es una responsabilidad compartida de toda la cadena, empleadores, intermediarios, empresas compradoras y distribución, junto con las autoridades públicas, para asegurar estándares, controles efectivos y mecanismos de denuncia y reparación, de manera que ningún producto llegue al consumidor con derechos laborales vulnerados detrás”.

Prevenir abusos y rendir cuentas

Frente a las vulneraciones de derechos que sufren los temporeros en la agricultura industrial europea, Oxfam Intermón plantea un enfoque integral centrado en prevenir abusos, proteger a los trabajadores y asegurar la rendición de cuentas en toda la cadena. Para ello, exige transparencia y una responsabilidad empresarial efectiva en derechos humanos, mediante mecanismos que identifiquen riesgos, los prevengan y reparen los daños cuando ocurran.

La oenegé pide reforzar las inspecciones donde hay mayor riesgo, con consecuencias reales cuando se incumple la ley, y garantizar canales de denuncia seguros y protegidos frente a represalias. Abordar las condiciones materiales que aumentan la vulnerabilidad: vivienda digna, transporte seguro, salud laboral y acceso efectivo a servicios. Y fortalecer la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos, apoyando su organización colectiva e incorporando una perspectiva de género con medidas para prevenir y responder al acoso y la violencia.