Si no me cuentas, no cuento

Hay debates administrativos que parecen menores, hasta que revelan algo mucho más profundo. El padrón municipal es uno de ellos. Lo que debería ser un trámite rutinario se ha convertido silenciosamente en un nuevo eje de exclusión social donde se cruzan racismo, machismo y aporofobia. Hoy, en demasiadas ciudades de España, existir depende de poder demostrar dónde se duerme.

Cada vez más personas no pueden hacerlo. Por eso, conviene recordarlo: el padrón es una obligación legal, tanto para las administraciones públicas como para quienes residen en un municipio.

La ley no deja margen de interpretación. Toda persona que vive en una ciudad debe estar empadronada y el ayuntamiento tiene el deber de inscribirla, incluso -y especialmente- cuando carece de vivienda estable. Porque el padrón no certifica la legalidad de una casa, certifica la realidad de una vida.

El padrón existe porque el Estado social necesita saber quién vive realmente en su territorio. Un Estado social, democrático y de derecho necesita conocer a sus vecinos y vecinas para planificar servicios públicos y políticas de vivienda.

Pero, sin población registrada, no hay planificación posible. Y, sin datos reales, no hay políticas públicas eficaces.

Sin embargo, el acceso al padrón está hoy atravesado por la crisis de vivienda más grave de las últimas décadas. El encarecimiento del alquiler, la precariedad residencial, la sobreocupación o el sinhogarismo han convertido un registro básico en un obstáculo casi insalvable. Cuando el mercado de la vivienda expulsa, la burocracia termina consolidando esa exclusión.

Si no tienes contrato, no puedes empadronarte. Si no puedes empadronarte, no te cuentan. Y, si no te cuentan, no cuentas.

La campaña estatal Padrón por Derecho ha documentado cómo se repiten en todo el país exigencias ilegales, citas inaccesibles o verificaciones arbitrarias que dejan fuera del registro a miles de personas que viven efectivamente en nuestras ciudades. El informe ‘El derecho a tener derechos’, presentado este mes de febrero por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, integrada por movimientos sociales y vecinales de toda España, también de Aragón, muestra cómo el empadronamiento se ha convertido en una trinchera administrativa que afecta especialmente a personas migrantes y a quienes sufren mayor precariedad residencial.

El resultado es discriminatorio. Quienes quedan fuera siguen trabajando, cuidando y sosteniendo las economías locales, pero desaparecen del reconocimiento institucional. No existen para la Administración, y esa invisibilidad afecta al conjunto de la sociedad.

Un padrón incompleto falsea la realidad demográfica, reduce financiación pública y genera servicios infradimensionados. Gobernar sin contar a toda la población debilita la igualdad y erosiona la democracia.

Porque la ecuación es sencilla y profundamente política: si no me cuentas, no cuento. Y una sociedad que deja de contar a parte de quienes la sostienen, deja también de ser plenamente democrática.