La economía social toma impulso

El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 26 de marzo, la nueva Ley Integral de Impulso a la Economía Social. El marco normativo se adapta así a la realidad de un modelo empresarial que agrupa a más de 127.000 entidades, genera 2,5 millones de empleos directos e indirectos y aporta el 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. En Aragón, la economía social cuenta con más de 7.359 entidades, que representan el 8,2% de las empresas de la comunidad. Genera el 9,6% del PIB regional y crea 22.802 empleos directos, el 3,8% de los puestos de trabajo en el territorio.

Para Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), «esta ley supone un gran avance que refuerza la economía social española y el reconocimiento de su papel estratégico». El anterior marco jurídico «ya no respondía plenamente a la realidad actual de la economía social ni a su creciente peso dentro del modelo productivo», según Marisa Esteve, vicepresidenta de CEPES Aragón. La también directora de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI) ha participado activamente en el proceso de incidencia política vinculado a la tramitación de la ley, trasladando las propuestas de este sector durante todo el debate parlamentario.

«El proceso ha sido complejo. La integración de tres normas en un único texto legislativo ha añadido dificultad técnica y ha alargado los tiempos de tramitación», explica Esteve. Pero, el resultado ha merecido la pena, porque «permite dotar al sector de una mayor coherencia normativa y de una base más sólida para su desarrollo futuro».

«Esta ley supone también un paso importante en términos de reconocimiento institucional», prosigue la vicepresidenta de CEPES Aragón. «Refuerza el papel de la economía social como un actor estratégico en la generación de empleo inclusivo, cohesión territorial y desarrollo sostenible. Además, abre oportunidades para avanzar en ámbitos clave como la contratación pública socialmente responsable, el acceso a financiación y el fortalecimiento de figuras como las empresas de inserción, las cooperativas o los centros especiales de empleo».

Otra de las razones que urgían a renovar la normativa en materia de economía social, a juicio del presidente de CEPES, era la importancia de trasladar al ámbito estatal avances ya presentes en algunas legislaciones autonómicas. «Debemos evitar asimetrías y garantizar que todas las entidades dispongan de las mismas herramientas de competitividad, con independencia de su territorio», subraya Pedreño.

En este sentido, «el caso de Aragón es especialmente significativo», valora Esteve. La comunidad cuenta «con una ley de economía social relativamente reciente –se aprobó en 2022-, que incorporó avances relevantes, especialmente en lo relativo al reconocimiento y la diferenciación de los centros especiales de empleo de iniciativa social, una de las cuestiones clave también recogidas en la nueva normativa estatal». No obstante, la nueva ley «introduce algunos elementos que sí requerirán ajustes en el ámbito autonómico», indica la vicepresidenta de CEPES Aragón. Por ejemplo, en lo que atañe a la regulación de las cooperativas.

Pero, «donde previsiblemente será necesario un mayor esfuerzo de adaptación es en el ámbito de las empresas de inserción», especialmente en lo relativo a las bases reguladoras y su régimen de funcionamiento. Esta adaptación será «clave» para «responder mejor a las nuevas realidades de vulnerabilidad y a los perfiles de personas que pueden acceder a itinerarios de inserción sociolaboral, asegurando que el marco normativo siga siendo una herramienta eficaz de inclusión y empleo».

La nueva legislación refuerza la identidad jurídica y el modelo de intervención social de las empresas de inserción. La definición más precisa de sus requisitos y fines contribuye a prevenir el intrusismo y a proteger su especificidad.

Sus entidades promotoras deben ser organizaciones sin ánimo de lucro, como en el caso de los centros especiales de empleo para personas con discapacidad. La ley solo reconoce como parte del ecosistema de la economía social a aquellos de iniciativa social, es decir, que no reparten beneficios. Esto asegura «que las medidas de apoyo público se dirijan a aquellas entidades cuyo objetivo principal es el interés general», concluye Esteve, evitando que empresas ordinarias sigan beneficiándose de estos incentivos.