La puerta cerrada de la vivienda

Son 358 casos de discriminación, 358 historias de personas y familias a quienes durante el pasado año se ha tratado de cerrar la puerta de un derecho constitucional, como el acceso a la vivienda, por motivos raciales. Una parte de estas historias, de las que hemos sido testigos a través de diferentes servicios y programas de atención social de nuestra entidad, pertenecen a Aragón.

Por ello, nos vemos obligadas a alertar sobre la persistencia y el aumento de situaciones de discriminación y delitos de odio que afectan a las personas migrantes y refugiadas atendidas por nuestra organización. Entre los diferentes retos que deben superar en su camino hacia la inclusión sociolaboral, la vivienda despunta, en los últimos años, como uno de los que presenta más dificultades.

Sin lugar a duda, el proceso de autonomía de una familia está vinculado directamente a la posibilidad de optar a una vivienda propia. Es un punto clave y el pilar alrededor del que estas personas, que han tenido que dejar atrás su hogar y su país para ponerse a salvo, construyen su nueva vida. En un panorama de precios elevados y alta competencia en el mercado inmobiliario, que afecta a toda la ciudadanía, las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad lo tienen aún más complicado.

La discriminación que sufren las personas migrantes y refugiadas a la hora de alquilar una vivienda no siempre es explícita, y va más allá de una llamada telefónica que se interrumpe al escuchar un acento diverso. Muchas veces, se manifiesta de forma encubierta, mediante excusas, como que la casa ya está alquilada o que no se cumplen unos requisitos que tienden a ser cada vez más complejos. Por esto, y por el fenómeno de la infradenuncia, creemos que esos 358 casos de discriminación solo representan la punta del iceberg.

Durante el camino de algunas de estas personas migrantes hacia su autonomía, hemos visto ciertos destellos de esperanza en relación con el acceso a la vivienda: emprendedores rurales que ofrecen un alojamiento digno y asequible a empleados y sus familiares, programas públicos de vivienda social o entidades locales que apuestan por la rehabilitación y alquiler de viviendas deshabitadas. Son iniciativas que nos permiten creer en un futuro mejor, siempre que se deje atrás la discriminación racial, se reconozca la vivienda como un derecho vital y se valore la aportación de estas ciudadanas y ciudadanos en todos los ámbitos de la sociedad.

Por todo ello, en Accem consideramos que hacer eficaz y efectivo el derecho fundamental de no discriminación, para que llegue a la vida cotidiana de las personas, constituye una responsabilidad compartida por toda la sociedad civil y las organizaciones sociales de derechos humanos y lucha contra el racismo y la xenofobia. Si nuestro Estado de derecho y bienestar no puede garantizar a todas las personas el acceso a la vivienda, habremos fracasado. Como sociedad, debemos exigir el impulso, dotación y desarrollo de políticas públicas para revertir esta tendencia.