La inclusión, en riesgo

La mejora del Salario Mínimo Interprofesional es un avance positivo. Como sector comprometido con la igualdad de oportunidades, en la Asociación Empresarial para la Discapacidad estamos de acuerdo en garantizar salarios justos y condiciones laborales dignas. Muchas personas con discapacidad se benefician de estas medidas.

Pero su aplicación exige realismo. La atención a personas con discapacidad, la educación especializada y el empleo protegido descansan sobre un modelo intensivo en empleo. Detrás de cada plaza, de cada itinerario laboral o de cada apoyo personalizado hay profesionales cuya labor resulta imprescindible. Sus salarios no son un gasto accesorio, sino la base del sistema.

El problema es que los ingresos de muchas entidades dependen de conciertos, contratos y subvenciones públicas que no se actualizan con la misma rapidez ni en la misma proporción que las obligaciones laborales. Esa descompensación obliga a menudo a prestar servicios con tarifas calculadas sobre costes ya superados por la realidad.

Ahí reside la contradicción. Mientras se incrementan legítimamente los salarios, la financiación pública permanece congelada, llega tarde o no refleja el coste real de los servicios. El resultado es una presión creciente sobre entidades que ya operan con márgenes mínimos y afrontan, además, dificultades para captar talento, cubrir vacantes y absorber el aumento generalizado de costes.

La reforma sobre el régimen de compensación y absorción en el salario mínimo, actualmente en tramitación, añade más tensión. Los análisis realizados con nuestras entidades asociadas indican que el impacto medio podría elevar los costes salariales en torno a un 17%, una cifra difícilmente absorbible con el actual marco de financiación.

Quiero ser claro: cuando una entidad no puede equilibrar sus cuentas, no solo peligra su viabilidad económica, se ponen en riesgo apoyos esenciales, proyectos de vida y oportunidades laborales para personas con discapacidad, especialmente para quienes presentan mayores necesidades de apoyo. También se resiente la capacidad de innovar, personalizar apoyos y mantener la calidad asistencial que merecen las familias.

No pedimos excepciones ni privilegios. Pedimos coherencia. Si la sociedad avanza en derechos laborales, las administraciones públicas deben acompañar esa decisión con financiación suficiente y ágil. También deben respetar la negociación colectiva sectorial y prevenir mecanismos de adaptación realistas.

No hablamos de una amenaza hipotética. Hablamos de entidades que sostienen apoyos esenciales en barrios, pueblos y ciudades de toda España, donde muchas veces no existe una alternativa inmediata.

La inclusión no se defiende solo con normas bienintencionadas. Se defiende garantizando que los centros sigan abiertos, que los profesionales puedan hacer su trabajo y que las personas con discapacidad encuentren oportunidades reales. Aumentar salarios es progreso. Hacerlo sin sostener los servicios puede convertirse, involuntariamente, en un retroceso.