Apoyando a los nuevos vecinos

Atrás quedaron ya aquellas filas interminables que se formaron en abril frente al Ayuntamiento de Zaragoza, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. Esa imagen no ha vuelto a repetirse, en parte, por el refuerzo de personal y horarios de la Casa de las Culturas, que ha pasado a centralizar la elaboración de los informes de vulnerabilidad que muchos extranjeros necesitan para acceder al permiso de residencia.

Pero el mayor mérito corresponde a las entidades ciudadanas que han decidido colaborar con los solicitantes para facilitarles los trámites. «La primera semana se hizo un cuello de botella en los servicios municipales, pero ahora la cosa se ha diversificado más, al haber otras entidades autorizadas para emitir el informe de vulnerabilidad».

Así lo explica Julián Martínez, director de intervención social de Cruz Roja en Aragón. La suya no es una de esas entidades autorizadas, pero sí que colabora ayudando a los migrantes a registrar sus solicitudes y a resolver sus dudas.

«El problema también es que al principio la gente creyó que el certificado de empadronamiento era el único medio para demostrar el tiempo que llevas viviendo en España. Pero hay otros medios igual de válidos, por ejemplo, si has tenido citas recurrentes en el Salud, o tus hijos están escolarizados, y la gente ya los está utilizando. Dudas de este tipo son las que nos plantean los solicitantes», añade Martínez.

«En un principio, la cosa se desbordó porque había mucha incertidumbre, desinformación y miedo», indica Sofía Alcrudo, una de las coordinadoras y voluntarias de SOS Refugiados Europa en Zaragoza y de las impulsoras de Regularización Ya Zaragoza, plataforma que aglutina a muchas de las organizaciones colaboradoras. «Entonces, nos acercamos a la plaza del Pilar y, una vez que empezamos a informar a la gente sobre los puntos de atención, empezamos a recibir mucha demanda. Pero se ha ido gestionando con buen talante y está yendo muy bien».

Regularización Ya Zaragoza es una plataforma cívica de base amplia. Además de SOS Refugiados Europa, la integran movimientos sociales, vecinales y antirracistas como Lefrig, Feministas Aragón por Nicaragua, La Maloca, Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) y sus agrupaciones de Lanuza, Torrero y Parque Bruil.

En enero, ante el inminente proceso de regularización, comenzaron a reunirse, «ya que pensábamos que iba a generar mucha vulnerabilidad y precariedad a los solicitantes: por la información, por el coste de algunos trámites, como las traducciones juradas…», recuerda Alcrudo. «Lo peor fue la incertidumbre que se creó desde que se anunció el proceso hasta que salió el real decreto. Entonces, empezamos informando de lo que se sabía que, sí o sí, iban a solicitar, como el certificado de penales».

Comenzaron pegando carteles y repartiendo octavillas en lugares como el rastro o los centros de salud. «Pero observamos que había anuncios, sobre todo por las Delicias, con abogados y gestorías que te cobraban hasta 400 euros por integrante de la familia. Si tú buscas asesoría, tampoco es ilegal que te cobren, pero muchas personas han aprovechado para hacer negocio utilizando la desinformación y la vulnerabilidad de otros», denuncia. Así que, una vez publicado el real decreto, esta agrupación de entidades se dedicó a asesorar gratuitamente para «intentar que las personas no recurrieran a servicios de pago».

Hoy ofrecen sus servicios en cinco puntos de atención, siempre con cita previa, en las sedes de Lefrig, la Fundación el Tranvía, la FABZ y las asociaciones vecinales de Lanuza y Torrero, que han cedido sus locales, medios materiales y personal. “Tramitamos los certificados de vulnerabilidad y acompañamos a las personas de manera gratuita en el proceso y para preparar la documentación”, apunta la coordinadora de la plataforma.

De todo ello se ocupa un equipo de 365 voluntarios, que han sido formados por especialistas en Extranjería. «Lo hacemos de manera totalmente altruista, por la dignidad y los derechos de las personas, pero cubriendo un trabajo del que tendrían que ocuparse funcionarios del Estado y de la autonomía», protesta Alcrudo. Pero esta voluntariedad no está reñida con el rigor. «Siempre trabajamos en red y cualquier duda la compartimos con los profesionales que participan en el grupo de voluntariado», concluye.

Dignidad, derechos y obligaciones

La regularización extraordinaria “es algo que no solo estábamos esperando las entidades sociales, ni tan siquiera solo las personas que van a poder beneficiarse de este proceso, sino que se estaba demandando desde muchos sitios, como los agentes sociales, o las empresas, para cubrir puestos de trabajo de difícil cobertura que requieren poca cualificación”, opina Julián Martínez, director de intervención social de Cruz Roja en Aragón. “Era una necesidad para sacar a flote a esa gente de las circunstancias en las que estaban, garantizando sus derechos y deberes, pero también para que pasasen a ser cotizantes”.

Para Sofía Alcrudo, de SOS Refugiados Europa, “lo fundamental es dar dignidad y derechos a las personas, ya que vivir de forma irregular en un país supone una merma de derechos. Si hay personas que vienen aquí con la iniciativa de querer trabajar para tener una vida mejor, habrá que darles unos derechos, igual que se les exigen unas obligaciones”, afirma.