José Carlos Abad Martínez: "Aragón necesita un sistema de protección social que no excluya"

¿Qué es la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV)?

La implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 buscaba mejorar la generosidad y el volumen de personas atendidas por las rentas mínimas autonómicas. Aragón eliminó la suya y diseñó esta prestación con dos modalidades; la complementaria, para incrementar la cuantía que reciben las personas beneficiarias del IMV; y la completa, para personas extremadamente vulnerables que se quedan fuera del IMV.

¿Ha mejorado el acceso a las rentas mínimas?

La combinación de requisitos prácticamente idénticos a los del IMV, junto a las trabas administrativas y una escasa coordinación institucional, han reducido el acceso a esta prestación. Por otro lado, el IMV ha absorbido prestaciones que antes eran ágiles y de rápida tramitación, como el subsidio de excarcelación o la Renta Activa de Inserción (RAI), sin lograr reducir sus tiempos de resolución ni simplificar sus requisitos.

¿Quién puede acceder a la PACIMV?

En principio, las 19.250 personas que cobran el IMV en Aragón deberían percibir el complemento establecido en la PACIMV, pero la realidad es que apenas llega al 25%. En mayo, según datos de las Cortes de Aragón, solo 4.682 lo recibieron, porque no se informa ni se ayuda a tramitarlo. Y solo 29 familias aragonesas cobraron la PACIMV completa porque los propios requisitos para solicitarla la inutilizan, ya que son los mismos que para el IMV. Da la misma cobertura, sin ampliarla, y además no permite identificar qué perfiles de personas en exclusión estamos dejando fuera.

¿Qué falla en la ley que regula la PACIMV?

Aunque la PACIMV nació para cubrir situaciones no protegidas por el IMV, descarta a personas en situación de exclusión social que carecen de ingresos suficientes, entre ellas parte de la población excarcelada, pacientes de salud mental y personas sin hogar, con discapacidad o que no pueden acreditar determinados requisitos administrativos. En esencia, deja fuera a los mismos colectivos que ya encuentran dificultades para acceder al IMV.

¿Qué más defectos tiene?

Los plazos de resolución del IMV son tan largos que muchas personas permanecen durante meses sin percibir ningún ingreso y sobreviven con el apoyo de instituciones privadas y las ayudas de urgencia del ayuntamiento, insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Esta situación se agrava porque la PACIMV, que debería actuar como mecanismo de protección temporal durante ese periodo de espera, tampoco está dando una respuesta adecuada.

¿Qué ocurre con las ayudas de urgencia que contempla esta ley?

Estaban pensadas precisamente para atender a las personas sin ingresos mientras se resolvía su expediente de solicitud del IMV. Pero nunca se las ha dotado de presupuesto y cuando las hemos solicitado nos han negado su existencia.

¿Cómo afectan estas deficiencias a la población reclusa y exreclusa con la que trabajan las entidades de Enlazados?

Iniciamos esta reivindicación tras la supresión del subsidio de excarcelación, el 1 de noviembre de 2024. Este se resolvía con agilidad, en torno a un mes, y permitía a las personas que recuperaban la libertad cubrir necesidades tan básicas como la alimentación y el alojamiento, facilitando la búsqueda de empleo. Con su desaparición y la derivación de este colectivo al IMV, el acceso a una cobertura económica básica se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. En la práctica, los tiempos de espera alcanzan de media los seis meses, un plazo que compromete gravemente los procesos de reinserción social y laboral en un momento crítico de su transición a la vida en libertad.

¿Qué pasos están dando para que se reforme la ley de la PACIMV?

Hemos presentado diversas quejas ante el Justicia de Aragón. Registramos una solicitud formal para la puesta en marcha de las ayudas de urgencia que, hasta la fecha, no ha recibido respuesta por parte de la Administración. Hemos mantenido reuniones con representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza y con los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que quisieron dialogar con Enlazados. Y estamos impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recoger 12.000 firmas antes del 31 de diciembre.

¿Qué quieren conseguir?

Cambiar una ley que ahora mismo no cumple su función: el derecho a una protección social en situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Queremos reformar los requisitos de acceso a la PACIMV porque son muy restrictivos, para que nadie quede fuera por burocracia o situaciones injustas. Pedimos que las ayudas de urgencia tengan presupuesto y que la cuantía sea igual al IMV para que nadie se quede sin ingresos mientras espera una resolución. Aragón necesita un sistema de protección social que funcione, que no excluya y que no obligue a esperar para poder vivir con dignidad.