El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por 197 votos a favor y 127 en contra el proyecto de ley orgánica de universidades. CiU rectificó su rechazo inicial al texto original y sumó sus 15 votos a los del PP y a los 4 de Coalición Canaria. Miles de estudiantes y profesores se manifestaron en toda España en protesta por la aprobación. Toda la oposición criticó el respaldo convergente de última hora. Por los socialistas, Carme Chacón reiteró las críticas de su formación al proyecto, por el contenido y por la forma de tramitación, y enjuició con severidad el sí de CiU a la reforma. Lo atribuyó a la "debilidad" del Gobierno de Jordi Pujol y al sostén que le da el PP en el Parlamento de Catalunya. José Juan González de Txabarri, del PNV, reprochó a los nacionalistas catalanes el giro de última hora y que se erijan en "autoridad" de lo que es bueno y malo en la universidad. A su juicio, la descalificación por CiU de todos los grupos contrarios a la ley obedece a sus ataduras en la Cámara catalana. Nada más producirse la votación, el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, interpeló al presidente del Gobierno, José María Aznar, y concluyó con esta promesa: "No tenga duda de que una nueva mayoría derogará esta ley y hará una reforma con la universidad, no contra ella. El desastre es el área educativa de su Gobierno y no la universidad". Aznar defendió la reforma como "necesaria" y "conveniente". CCOO consideró que CiU "ha hipotecado su política universitaria" con su voto afirmativo a la ley. A su juicio, el grupo catalán ha tomado esta postura "a cambio de favores de apoyo político en el Gobierno de la Generalitat". Para el sindicato, el texto sigue sin tener un plan de financiación y supone un paso más en la privatización de las universidades y un ataque a la autonomía. El portavoz parlamentario de CiU, Xavier Trias, respondió con reiteradas explicaciones al alud de críticas durante y tras el debate. Basó su apoyo en que la ley sería aprobada de cualquier manera con la mayoría del Partido Popular y que, gracias a sus 35 enmiendas, se han desactivado las críticas de inconstitucionalidad.
