El Gobierno no quiere gastar ni un euro en honrar la memoria de las víctimas de la guerra civil. Ayer, en el Senado, el Grupo Popular rechazó en solitario la propuesta realizada por el PSOE y el grupo político Entesa Catalana de Progrés de detraer de los Presupuestos del Estado del 2003 siete millones de euros (1.164,7 millones de pesetas) para sufragar "la apertura de fosas para recuperar los restos de los desaparecidos durante la guerra civil" y ayudar económicamente a las entidades y familiares empeñados en la búsqueda de estos osarios colectivos.

La mayoría conservadora de la Cámara alta vertió ayer un jarro de agua fría sobre las expectativas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), catalizadora de los esfuerzos para exhumar los restos de las víctimas republicanas de la guerra civil y darles un entierro digno.

Poco importa que el pasado 20 de noviembre el PP apoyara una declaración unánime del Congreso que, además de condenar la dictadura franquista, reclamaba "apoyo de las instituciones" para "cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados" que busque su "reconocimiento moral". La histórica resolución del Congreso de los Diputados devino ayer papel mojado en el Senado, cuya mayoría rechazó dotar con dinero ese compromiso político.

RESARCIMIENTO SOLO MORAL Los 137 senadores del PP ayer presentes en el pleno tumbaron las tres enmiendas con las que la izquierda --apoyada por el resto de la oposición-- pretendía brindar cobertura económica al resarcimiento moral de las víctimas del franquismo. La primera de estas iniciativas, presentada por el PSOE y la Entesa, proponía que Justicia destinara un millón de euros a sufragar, a través de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, la recuperación de los restos de los desaparecidos durante la guerra.

Respaldada por los senadores del PSOE, la Entesa planteaba crear otras dos partidas presupuestarias adicionales: la primera, de seis millones de euros, para financiar la búsqueda de estas fosas comunes, y la segunda, de 150 millones, destinada a indemnizar a los familiares de las víctimas "ejecutadas por razones políticas desde la sublevación militar de 1936". La mayoría absoluta del PP abortó ambas propuestas.

Adujo la portavoz popular, María Australia Navarro de Paz, que "la apertura de fosas y la recuperación de restos humanos son competencias municipales que, además, han de encuadrarse dentro de la esfera de la medicina forense". Por eso concluyó que tales exhumaciones deben financiarse "con los recursos ordinarios de las corporaciones locales" y no con los del Ministerio de Justicia, que a su juicio "no es competente en estas materias".

El portavoz de la Entesa, Isidre Molas, replicó que, aunque la atribución sea municipal, los análisis de ADN son demasiado costosos para que los asuman los ayuntamientos sin ayuda del Estado. Molas opinó que este "acto de justicia" compete al citado departamento, pero remarcó que el Partido Popular podría desviar la partida a otro ministerio si estuviera dispuesto a hacer el esfuerzo presupuestario.