Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional analizan desde la pasada semana la impugnación presentada por el Gobierno de José María Aznar contra el plan Ibarretxe . Fuentes del tribunal aseguran que hay un consenso inicial favorable a la admisión parcial del recurso. La mayoría de magistrados apuesta por bloquear la tramitación parlamentaria del proyecto sin invalidar la decisión del Gobierno vasco de remitirlo a la Cámara de Vitoria.
El 13 de noviembre, el ministro de Justicia, José María Michavila, presentó la impugnación de la Abogacía del Estado contra la reforma estatutaria impulsada por el lendakari, Juan José Ibarretxe. El recurso acordado por el Gobierno instaba al Constitucional a suspender dos disposiciones relativas al plan Ibarretxe : la aprobación por el Gobierno vasco de la Propuesta de Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi , el 25 de octubre, y la calificación del proyecto de ley por la Mesa del Parlamento de Vitoria, el 4 de noviembre.
En su escrito, el abogado del Estado reclama al Constitucional que suspenda y declare nulos ambos acuerdos por entender que el proyecto de ley constituye una reforma encubierta de la Carta Magna que, además, burla los procedimientos previstos para tal modificación. Aunque la impugnación se dirige contra un mero proyecto de ley, carente de validez legal, Michavila asegura que, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, el Gobierno está legitimado para recurrir cualquier acuerdo de un órgano autonómico.
Las fuentes consultadas adelantan que el Constitucional renunciará a anular el acuerdo del Gobierno vasco y suspenderá la admisión del proyecto en la Mesa del Parlamento vasco. Desde el tribunal se resalta que esta disposición sí tiene efectos jurídicos, ya que supone iniciar la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe .
Los magistrados confían en que la admisión parcial del recurso satisfaga al Gobierno.
