El Tribunal Constitucional ha declarado nula una disposición del decreto vasco de medidas para la normalización lingüística de la administración de justicia, que abría la puerta a exigir a jueces, fiscales y magistrados conocer el euskera. El alto tribunal entiende que la comunidad se extralimita en sus competencias, ya que aprovecha una ley que regula el conocimiento del euskera por parte del personal al servicio de la administración de justicia para incluir a los colectivos de jueces, magistrados y fiscales, que solo pueden ser regulados por el Estado.