El tratamiento de los inmigrantes menores de edad merece atención detallada en el proyecto del Gobierno. El Ejecutivo busca fórmulas de consenso para disponer los medios que permitan expulsar con mayor celeridad a los menores que lleguen a España "no acompañados" de adultos. Actualmente las devoluciones son escasas porque requieren el consentimiento del país emisor y su colaboración para localizar a la familia del niño. El Gobierno también plantea convenios para crear centros de acogida en los países de origen para que reciban allí a los menores hasta que regresen con sus familias.

Para evitar que los jóvenes decidan emigrar, el Ejecutivo propone invertir en la creación de centros de formación profesional en sus países en los que puedan recibir las enseñanzas que les sirvan después para emigrar hacia un puesto de trabajo cualificado.

En atención a las demandas de Canarias, el documento recoge la necesidad de respetar el principio de solidaridad interterritorial. Así se trabajará para evitar que los menores se concentren en determinadas comunidades autónomas.