La propuesta del Gobierno incluye un punto que recuerda la reivindicación que CiU puso este verano sobre la mesa, cuando Josep Antoni Duran Lleida propició el debate a raíz de la posibilidad de que los inmigrantes tuvieran derecho al voto en las elecciones municipales. La federación catalana reclamó entonces que el Estado pudiera exigir a los extranjeros que soliciten la regularización permanente el respeto y el conocimiento de los valores y de la cultura de la sociedad que les acoge. El Gobierno recoge esa idea, aunque no concreta cómo se comprobará, ni avanza tampoco si será un requisito para la obtención de la residencia de larga duración, pero indica que "los inmigrantes deben aceptar el marco legal y constitucional y las normas que rigen la convivencia cotidiana". A cambio, establece que los poderes públicos promuevan el conocimiento de esas normas, y garanticen el respeto a las costumbres de los inmigrantes "siempre que no colisionen con las reglas del Estado de derecho".

El Gobierno se compromete a respaldar "con más medios" a las comunidades para que desarrollen las políticas de acogida e integración como establecen los nuevos estatutos de autonomía.