Una política de inmigración común a partir de las ideas aportadas por todos los grupos políticos para paliar un problema que debe ser de todos. Era el objetivo de las reuniones que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo ayer con los portavoces de los grupos parlamentarios y que fue asumido por todos menos por el PP.

De la Vega se esmeró en incorporar la mayoría de las iniciativas planteadas por el presidente popular, Mariano Rajoy, para favorecer un acuerdo para que la inmigración sea legal y ordenada. Sin embargo, la respuesta de Eduardo Zaplana fue que el Gobierno lo que busca no es una solución, sino "esconder" el problema y convertir a los populares en "cómplices" de sus errores.

Tres son los principios que inspiran el texto entregado por la vicepresidenta a los portavoces parlamentarios. La necesaria coordinación en todos los ámbitos, la exigencia de equilibrar la capacidad de acogida de España con las posibilidades de absorción del mercado de trabajo y el reconocimiento de que inmigrantes con papeles y ciudadanos españoles deben tener los mismos derechos para favorecer la cohesión social están en el origen del intento de acuerdo. La vicepresidenta lleva un mes trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para aunar sus propuestas.

LISTA DE 25 INICIATIVAS El documento recoge en total 25 medidas concretas sobre las que debe trabajar a partir de la próxima semana la subcomisión del Congreso que ayer se acordó constituir de forma inmediata. Se plantea facilitar los convenios tanto para contratar a los inmigrantes en sus países de origen como para repatriar a aquellos que hayan entrado en España ilegalmente; un plan de modernización urgente que permita agilizar los trámites administrativos; la puesta en marcha de la Agencia Estatal de la Inmigración y la Emigración; y la construcción de nuevos centros de internamiento.

Para combatir a las mafias que trafican con los inmigrantes, el Ejecutivo estudiará reformar la legislación (incluido un endurecimiento de la ley de extranjería) y potenciará las inspecciones de Trabajo en los sectores en los que se concentra una mayor explotación de sin papeles. El control de fronteras pretende mejorarse para conseguir que los países miembros de la UE impulsen una vigilancia común y para aumentar los medios humanos y materiales de la agencia Frontex. Además se propiciará la corresponsabilidad de los países de origen de los inmigrantes, mejorando la cooperación para que dispongan de medios para gestionar la emigración regular y combatir las salidas clandestinas.

DESCONFIANZA Ante la dificultad que supone para los populares negarse a formar parte del grupo de trabajo, su portavoz optó por desconfiar de su utilidad y de las verdaderas intenciones del Gobierno. Zaplana insistió en que lo que debe hacer el Ejecutivo de Zapatero es "reconocer su error y aplicar las medidas propuestas por el PP".

El portavoz conservador aseguró que el objetivo no es buscar alianzas para rubricar un pacto de Estado, sino "pasar del papeles para todos al culpables somos todos". Los populares insistirán en que ellos han tomado la iniciativa y, para reforzar esta idea, volverán a insistir en sus propuestas, esta vez recogidas en forma de sendas proposiciones de ley y no de ley para instar al Gobierno socialista a que las asuma.

LA VICEPRESIDENTA, POSITIVA La vicepresidenta, sin embargo, prefirió destacar que el PP ha aceptado formar parte de la subcomisión y se lo agradeció a Zaplana "con la confianza de que en el futuro se sume a la mayoría". En el resto de portavoces, dijo haber encontrado "buena disposición". Solo se mostró "sorprendida" por las críticas que el representante de Coalición Canaria, Paulino Rivero, manifestó a la salida de la reunión, ya que la vicepresidenta dijo haber constatado dentro "su conformidad" al ver recogidas en el documento del Gobierno "prácticamente todas las propuestas" de la formación nacionalista.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, elogió la claridad de los objetivos y mostró su "plena sintonía con el Gobierno", además de la confianza en que se adhieran todos los grupos políticos "sin excepción". Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) valoró positivamente el "consenso" logrado en la reunión de portavoces, y por el que se establecerá una subcomisión de trabajo que permitirá solucionar el "caos normativo" que existe hoy en política migratoria.