La estrategia del PP nacional con respecto a las reformas estatutarias ha provocado más de una sacudida en las filas de Mariano Rajoy, ya que los barones conservadores implicados se han visto situados en más de una ocasión entre la espada y la pared. La necesidad de conjugar intereses electorales con la obediencia al líder popular han tenido que sortearla, hasta ahora, el dirigente balear Jaume Matas y el valenciano Francisco Camps. Ambos vieron condicionado el plácet para consensuar las reformas estatutarias en sus cámaras autonómicas con un PSOE en la oposición.

Después, en el Congreso, ha sido posible el acuerdo pese a contener los textos a debate similitudes casi literales con el denostado Estatuto de Cataluña. La aragonesa ha sido la primera reforma estatutaria de una autonomía socialista que ha sido apoyada por los conservadores. Es la prueba de que los dirigentes territoriales deben hacer muchos equilibrios para obedecer las órdenes de Madrid sin quedar desautorizados ante los habitantes de sus comunidades y sus expectativas.

Por ejemplo, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja sostiene que si su partido apoya las reformas estatutarias contribuirá a la "segunda transición". Y Mayor Oreja da por hecho que es "el primer paso para que el Gobierno acabe pactando con ETA la autodeterminación del País Vasco".