La Mesa del Congreso aprobó ayer, con la oposición del PP, una iniciativa sin precedentes: discutir si la Cámara reprueba y destituye al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, por su iniciativa judicial contra el Estatuto de Cataluña. La propuesta partió del grupo parlamentario de IU-ICV, que considera que Múgica no se ha comportado de forma "neutral" y se ha "extralimitado" al recurrir la ley catalana ante el Tribunal Constitucional. El PSOE avaló ayer con sus votos que se discuta la reprobación, aunque adelantó que no votará a favor del cese. El PP interpretó la decisión como una amenaza y culpó a los socialistas de cometer un "atropello intolerable" contra las instituciones.

Hasta ahora, las peticiones tramitadas en esta legislatura para reprobar a un cargo institucional han afectado solo a miembros del Gobierno. Entre ellos, al propio presidente del Congreso, Manuel Marín, y al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Pero la vía para impulsarlas han sido mociones o proposiciones no de ley. Es decir, que la censura de la actuación del cargo en cuestión constituía uno de los puntos de la iniciativa parlamentaria, pero no era su único objetivo.

HACER EL JUEGO AL PP Sin embargo, el grupo parlamentario dirigido por Gaspar Llamazares y Joan Herrera expuso claramente sus cinco motivos en la petición que registró el pasado 4 de octubre, en la que no solo acusaba a Múgica de extralimitarse. También de incurrir en "contradicción" al pretender eliminar el título del Estatut que establece los derechos de los ciudadanos de Cataluña; de "participar en la campaña del PP" al criticar los contenidos de la ley antes de que fuera aprobada en referendo; y de deslegitimar el texto catalán porque la participación de la consulta no llegó al 50% del censo.

Otra de las causas en las que IU- ICV basa su petición es que Múgica declaró el 20 de septiembre que su recurso fue "una consecuencia lógica" de su ideario socialista. Para la formación de izquierdas, esas palabras son un reconocimiento de que la impugnación se debió a su "particular ideología política o a su peculiar forma de interpretarla, y no a un análisis neutral e institucional".

Como los de CiU y ERC, los tres representantes del PSOE en el órgano de gobierno de la Cámara baja votaron a favor de la propuesta de IU-ICV al considerar que debía admitirse a trámite porque no adolecía de defectos de forma. Pese a que la petición aspiraba a que el debate y la votación se produjera en el pleno, la iniciativa se abordará finalmente en el seno de la comisión mixta del Defensor del Pueblo, en la que Múgica tiene previsto comparecer el jueves de la semana próxima para explicar su recurso contra el Estatuto.

Si los socialistas se hubieran opuesto en la Mesa, Múgica se habría podido ahorrar el desgaste que le supondrá su comparecencia ante la comisión. El PSOE es consciente de que, al respaldar la iniciativa, somete al Defensor a un voto de castigo: el que emitirán con seguridad IU-ICV y los nacionalistas. Diego López Garrido explicó que el PSOE no apoyará "una hipotética reprobación" de Múgica por recurrir el Estatut, aunque discrepe de esta decisión. E indicó que la vía "adecuada" para examinar su actuación será cuando presente su informe anual ante la Cámara, que debe "ejercer el control sobre su actividad".

DEMOCRACIA EN "DECADENCIA" La decisión de la Mesa indignó al PP, que la juzga una muestra de la "decadencia de la calidad democrática" y un intento del Gobierno de amilanar "a quien no se pliega a sus intereses". Eduardo Zaplana cree que la prueba de que el recurso está "fundamentado" es que el Constitucional admitió tramitarlo. Para Zaplana, El PSOE transmite a Múgica el siguiente mensaje: "O se somete a las decisiones del Ejecutivo, o prepárese".