El artículo 5 de la ley orgánica del Defensor del Pueblo contempla cinco causas para el cese. Son la renuncia, la expiración del plazo del nombramiento, la muerte o incapacidad sobrevenida, la condena mediante sentencia firme por un delito doloso o la actuación "con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo". A esta última se acoge IU aunque la ley no aclara qué se entiende por "notoria negligencia". Por ese motivo, los letrados del Congreso creen que la Mesa no debe interpretarlo.