La jueza de la vía ordinaria que instruye una ramificación del caso del ácido bórico relacionado con el 11-M, Gema Gallego, ha citado para hoy como imputado al jefe de la policía científica, Francisco Ramírez, exculpado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Ramírez eliminó de un informe redactado por tres de sus subordinados una alusión a los supuestos lazos de ETA con el 11-M, basada en el hallazgo de ácido bórico en las casas de un islamista y de un etarra.

La declaración se produce después de que la jueza --candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a ocupar una plaza de vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- admitiera a trámite una querella contra Ramírez y el subdirector de la policía, Telesforo Rubio. La querella, presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, se basaba en una información de El Mundo que vinculaba a los terroristas islamistas con ETA.

Garzón, que instruyó este sumario porque ya tenía una causa abierta contra Hasan el Haski --en cuyo domicilio se halló el ácido bórico--, imputó por falsedad a los tres peritos que realizaron ese informe porque el documento publicado en el citado diario se correspondía con otro extraído del ordenador de uno de ellos, Manuel Escribano, en julio, aunque fue fechado en marzo del 2005 para darle carácter oficial.

ARCHIVO DE LA CAUSA El juez de la Audiencia Nacional, tras comprobar que el ácido bórico es "inocuo", decidió remitir al decano de Madrid la imputación contra los peritos y archivar la causa contra Haski en un auto en el que exoneraba de cualquier delito a Ramírez y Rubio. Para Garzón, Ramírez cumplió con su trabajo cuando eliminó esas referencias que, a su juicio, "respondían a opiniones subjetivas".

El informe lo solicitó la Unidad Central de Inteligencia Exterior, cuyo secretario general apoyó la tesis de Ramírez. Fuentes jurídicas han informado de que la secretaria de la jueza Gallego registró la pasada semana dependencias de la comisaría general de información.

La secretaria judicial reclamó en la oficina del secretario general de la comisaría el registro de las entradas y salidas de los documentos tramitados en marzo del 2005. Esas fuentes han explicado que la policía le informó de que esa información estaba protegida por la ley de secretos oficiales, a pesar de lo cual fue examinada.