La sala especial del Tribunal Supremo ordenó ayer que se tasen todos los enseres y bienes de las 172 herriko tabernas abiertas en el País Vasco para ejecutar la sentencia que declaró ilegal a Batasuna por formar parte de la banda terrorista ETA. La Guardia Civil cumplió la orden de inmediato, y en varias de esas sedes se produjeron incidentes cuando los agentes accedieron a los locales donde se habían concentrado simpatizantes de la izquierda aberzale.

El Tribunal Supremo ordenó en marzo del 2003 liquidar los bienes de Batasuna para ingresar ese dinero en el Tesoro Público o donarlo a actividades de interés social o humanitario. Desde entonces, interventores del Estado han intentado determinar "el patrimonio neto" del partido ilegalizado. Ahora, los jueces han ampliado esa medida a "los otros partidos o plataformas que constituyeron su precedente político inmediato", incluidos sus bienes y derechos de titularidad aparente de terceros. Entre esas sedes aparecen las herriko tabernas, que según el Supremo "pertenecen y forman parte activa" de la banda terrorista "no solo desde el punto de vista patrimonial, sino desde la perspectiva política de servir como dinamizadoras de ETA" en cada población.

LOCALES PRECINTADOS Los peritos han establecido que Batasuna tiene 172 herriko tabernas, y que en ellas se han reunido los dirigentes del partido ilegal. Por ello, los jueces han ordenado a los peritos que hagan un inventario de esas sedes antes de que sus bienes "pudieran ser sustraídos de la intervención judicial". Los interventores dispondrán de 72 horas para llevar a cabo su trabajo, y podrán llevarse los bienes y enseres "por el tiempo estrictamente imprescindible" para hacer el inventario. Entretanto, los locales permanecerán precintados.

Asimismo, los jueces ordenan el embargo "de saldos en cuentas, de subvenciones, de derechos, bienes o participaciones en instituciones de crédito, financieras, sociedades mercantiles, industriales o civiles, de bienes o derechos reales y cualesquiera otros de carácter inmobiliario". La sala especial también pide un informe al juez instructor, Baltasar Garzón, que en 15 días deberá remitir una copia del sumario. En un mes, los jueces escucharán a las partes personadas (fiscal, abogado del Estado y Batasuna) para que presenten alegaciones.

El líder del PP, Mariano Rajoy, concluyó que esta orden judicial debería "hacer reflexionar" al Gobierno, pues acredita que "Batasuna y ETA" son ilegales y que no se puede negociar con ellas. Los nacionalistas vascos la achacaron a un intento de la justicia de torpedear el diálogo con ETA, y Pernando Barrena, portavoz de la ilegalizada Batasuna, preguntó al PSOE "si es así como quiere sacar adelante el proceso de paz".