La jueza Gemma Gallego, que investiga la supuesta conexión entre ETA y el 11-M por el hallazgo de ácido bórico en las casas de un islamista y un etarra, expulsó ayer del proceso al abogado del Estado, personado en la causa el pasado 10 de octubre por la condición de funcionarios de los imputados. La instructora, que ayer interrogó al secretario general de la comisaría general de información, Pedro Luis Mélida, tomó esa decisión después de que la Abogacía del Estado le pidiese el pasado viernes que anulara el proceso porque, al ser secretas las diligencias, no puede defender a los policías imputados.

En ese escrito, la Abogacía del Estado pedía a la jueza que suspendiera las declaraciones de los agentes a quienes ha citado como imputados, antes exculpados por Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional imputó a tres peritos un delito de falsedad por "crear" un documento que vinculaba a ETA con la masacre del 11-M, firmado el pasado mes de julio pero fechado en marzo del 2005, y que el diario El Mundo publicó hace unas semanas. A estos últimos, por contra, la jueza Gallego los citó como testigos.

Los servicios jurídicos del Estado, adscritos al Ministerio de Justicia, pidieron a la jueza Gallego que dejase sin efecto sus diligencias, incluido el registro a las dependencias de la comisaría general de información. Y le instaban a levantar el secreto sumarial que pesa sobre el caso.

Ese escrito ha debido molestar a la jueza --candidata de una asociación afín al PP a ocupar una plaza en el Consejo General del Poder Judicial--, ya que ayer optó por expulsar de la causa a los servicios jurídicos del Estado. El abogado del Estado se personó en las diligencias como eventual perjudicado y responsable civil, ante la posibilidad de que se acredite que los policías delinquieron al ejercer sus funciones.

DOBLE CONDICIÓN Pero la jueza dice que la ley de enjuiciamiento criminal impide esa doble condición del Estado. Por ello, afirma que, al "no estar definida la condición en la que se persona la Abogacía del Estado, procede dejar en suspenso su personación". Los servicios jurídicos del Estado van a recurrir "de inmediato" esta decisión de la jueza.

Gallego tramita una querella contra los mandos que en marzo del 2005 autorizaron que se eliminara de un borrador redactado por tres peritos una vinculación entre el 11-M y ETA. La jueza aún debe interrogar al subdirector de la policía, Telesforo Rubio, y a otros mandos.