El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira pide una condena total de 94 años de cárcel para nueve de los detenidos en la segunda fase de la operación Nova contra el terrorismo islamista, por un delito de integración en organización terrorista. De ellos, cuatro han sido investigados en relación con el 11-M, aunque solo uno, Mohamed Larbi Ben Sellam, será juzgado por la masacre.

El fiscal Rubira solicita las penas más graves (12 años) para los marroquís Ben Sellam y Faisal Allouch, al considerarlos promotores y directores de una célula islamista con el objetivo de cometer en España atentados en respuesta a la guerra de Irak. Según el fiscal, ambos dirigían al resto del grupo, al que impartían clases "sobre el Islam más radical a fin de realizar la yihad contra los infieles y cruzados". En ellas se visionaban vídeos de las guerras que grupos de muyahidines libraban en Afganistán y Chechenia.

Allouch, como Ben Sellam, fue imputado en la causa de los atentados del 11-M por el juez Juan del Olmo, que al final no procedió contra él. Para cada uno de los restantes acusados el fiscal pide una pena de diez años por integración en la célula terroristas. Se trata de Abderrazak Azzi; Abdelkrim el Ouzzani; su primo, Mohamed el Ouazzani; los hermanos Noureddine y Azzedine Bellid; Samir Ben Abdellah; y Khalid Zeimi Pardo, investigado en relación al 11-M.

El responsable de sus captaciones --y líder del grupo-- era Mustapha el Maimouni, quien cumple condena en Marruecos por su presunta implicación en los atentados de Casablanca del 2003, en los que murieron 43 personas.