El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dio respuesta ayer en el Congreso de los Diputados a las críticas relacionadas con la actuación de la fiscalía llegadas desde el Partido Popular y círculos afines. Para ello, aseguró que su departamento seguirá aplicando la ley con firmeza "con alto el fuego o sin alto el fuego". "Los fiscales --afirmó-- ejercerán su trabajo sin ceder ni a la presión ni al halago".

Durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar la memoria del 2005, Conde-Pumpido aportó datos objetivos. El fiscal general explicó que después de la tregua de ETA en 1998 se dictaron un total de 55 sentencias condenatorias y hubo 100 condenados, mientras que, tras el alto el fuego actual, se han acordado 71 sentencias condenatorias y ha habido 107 condenados. Además, señaló que de enero a noviembre de 1999 se presentaron 37 escritos de calificación contra 118 presuntos miembros de la banda terrorista y que en el 2006 han sido 99 contra 224 acusados.

El fiscal general recalcó también que "mientras otros practican lo que el Tribunal Supremo --en referencia al auto que autorizó contactos de los partidos con la ilegalizada Batasuna-- definió como fraude constitucional, el fiscal no confunde la política con la justicia, ni se presta al juego de mezclarlas para que se interfieran mutuamente".