Como todo negociador que se precie, el Gobierno central abrió ayer el debate sobre la nueva financiación autonómica con una oferta de mínimos. Tanto, que en el informe sobre "la problemática" del modelo vigente que el Ministerio de Economía ha enviado a las comunidades les anuncia de entrada que con la reforma del sistema no recibirán más recursos del Estado. La partida, con todo, apenas acaba de empezar, pues el Ejecutivo da por hecho que el sistema no se aprobará hasta después de las elecciones generales del 2008.

"La Administración General de Estado no dispone del margen de maniobra financiero con el que contaba en el momento de aprobación de los anteriores sistemas de financiación", reza el documento presentado ayer por Carlos Ocaña, número dos del vicepresidente económico, Pedro Solbes. El secretario de Estado de Hacienda advirtió, por ello, de que las negociaciones sobre el nuevo modelo "no deberían centrarse en la aportación de recursos adicionales" por parte del Estado, entre otros motivos porque apenas hay traspasos competenciales en cartera que justifiquen tales transferencias económicas.

Si el objeto de la reforma no es mejorar la capacidad financiera de las comunidades autónomas, ¿qué está dispuesto a negociar el equipo de Solbes? Pues, según Ocaña, principalmente la ampliación del margen que tienen las autonomías para subir los impuestos que gestionan si precisan más ingresos, o para bajarlos si así lo estiman oportuno.

REFORMA SIN COSTES Aunque el documento no entra en detalles, fuentes gubernamentales apuntan que ese incremento de la "capacidad normativa" será compatible con un aumento de la participación de las autonomías en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, de los que gestionan el 33%, el 35% y el 40%, respectivamente. Lo que no tiene por qué elevar sus ingresos, pues ello se compensará con la reducción del llamado fondo de suficiencia, con el que el Estado equilibra las cuentas de las comunidades cuya recaudación fiscal queda por debajo de la prevista. La pretensión del Ejecutivo, por tanto, es que la reforma del sistema le salga prácticamente gratis.

A tal efecto, en el informe --42 páginas y una treintena de gráficos hábilmente seleccionados-- remitido a las comunidades, Economía se esmera en demostrarles que el actual sistema ya les está proporcionando pingües beneficios. Destaca así que, entre el año base de cálculo (1999) y el último ejercicio liquidado (2004), los recursos autonómicos han crecido un 50,9%. Algunas autonomías que han estado por encima de la media son Cataluña, con un 53,47%, Madrid (61,08%), la Comunidad Valenciana (57,77%) y Murcia (56,16%).

"El crecimiento interanual de los recursos del sistema", subraya el estudio, "es superior al crecimiento del producto interior bruto (PIB) nacional". En el 2004, por ejemplo, el incremento global de ingresos fue del 9,6%, dos puntos por encima del crecimiento económico, aunque en comunidades como Asturias o Extremadura se situó por debajo del PIB.

El ministerio también se esfuerza en reseñar que el incremento de población en algunos territorios, fruto de la inmigración, va parejo a una mejora de la financiación por habitante. Lo que es cierto solo a medias, porque en autonomías sin apenas crecimiento poblacional (véase Extremadura y Castilla y León), o que incluso pierden habitantes (Asturias), la financiación per cápita crece más que en autonomías como Cataluña, cuyo censo ha aumentado en 605.000 personas en cinco años.

´NO´ A LAS BALANZAS FISCALES Precisamente por eso, el Ejecutivo se declara partidario de que el nuevo modelo tenga más en cuenta los incrementos de población, aunque según Ocaña esta "no será la única variable". El número dos de Economía también defendió que el nuevo sistema se revise periódicamente y que dé más "transparencia" a la solidaridad interterritorial. Eso sí, rechazó de plano la difusión de las balanzas fiscales, que reflejan qué territorios contribuyen al conjunto y cuáles se benefician de esa aportación.