El valor de las fianzas a las que han tenido que hacer frente los implicados en la operación Malaya que han podido así eludir la prisión supera los seis millones de euros. Hasta el momento, son más de ochenta las personas que se han visto salpicadas por la trama de corrupción destapada en el consistorio marbellí.

Las indagaciones se iniciaron en noviembre del 2005, tras la declaración del jefe del servicio jurídico municipal, Jorge González, por un procedimiento por delito urbanístico. A partir de entonces se empezó a investigar al presunto cerebro de la trama, el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, así como a su entorno político y profesional. La primera fase policial se saldó, el pasado 29 de marzo, con treinta imputados, entre los cuales figuraban, además de Roca, la alcaldesa, Marisol Yagüe, y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos. Ambas ingresaron en prisión sin opción a abonar una fianza de 60.000 euros hasta el mes de septiembre, tras pasar seis meses en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre. Juan Antonio Roca, no obstante, permanece en prisión.

ENTRE 12.000 Y 500.000 EUROS Para el resto de imputados en esa primera etapa de las investigaciones a los que sí se les aceptaron fianzas, estas oscilaron entre los 12.000 y los 90.000 euros. Las más elevadas fueron las que asumieron los empresarios detenidos en la segunda fase de la operación policial, el pasado 27 de junio. El juez que instruye el caso les imputó un delito de cohecho por presuntos pagos al cerebro de la trama para que el ayuntamiento dictase resoluciones urbanísticas supuestamente irregulares. En estos casos, constructores como Tomás Olivo o Emilio Rodríguez Bugallo, tuvieron que abonar fianzas de 500.000 o de 300.000 euros para no ir a la cárcel.

En esta segunda fase de la operación Malaya se detuvo al resto de concejales de la corporación, incluido el que había sido alcalde accidental tras el arresto de Marisol Yagüe, Tomás Reñones. Todos ellos ingresaron en prisión y salieron a lo largo del mes de octubre tras abonar fianzas de 50.000 euros. Solo a uno de ellos, Rafael González, el juez le rebajó la suma a 20.000 euros. Sin embargo, el empresario tendrá que cumplir un año de condena por otro delito urbanístico.

Las siguientes detenciones fueron, el 19 de julio, la del exalcalde Julián Muñoz, que permanece en la cárcel, el exconcejal andalucista Pedro Pérez y tres directivos de Aifos. Todos menos uno de los responsables de esta empresa ingresaron en prisión, aunque salieron tras pagar 50.000 euros, en el caso del edil y cifras más elevadas, los directivos.

En la tercera, y por ahora última fase de la operación, la policía detuvo, el pasado 13 de noviembre, a empresarios como José María González de Caldas o Miguel López Benjumea, y a la exmujer de Muñoz, Maite Zaldívar. La que fuera esposa del exalcalde pagó 90.000 euros por salir en libertad, mientras que la fianza más alta de esta nueva etapa fue para el constructor Francisco Villarroya, que abonó 500.000 euros.

PRESENCIA EN EL JUICIO La entrega de estas cantidades se lleva a cabo con la finalidad de garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento, así como en el juicio. En caso de que esto no suceda, las cantidades abonadas pasarán al Estado o se utilizarán para hacer frente a una posible responsabilidad civil al final del proceo judicial.