El presidente del PP, Mariano Rajoy, aprovechó ayer un mitin en Baeza (Jaén) para acusar al Gobierno de confundir los órganos del Estado con su propio partido y así creer que puede "asaltar e invadir" el Tribunal Constitucional (TC) e imponer "una gestora" para hacerse con su control. En un discurso dirigido a la opinión pública, enfatizó que este es un tema "muy delicado" porque afecta a la "esencia" de la democracia.

El presidente del PP aseveró que la recusación de los dos magistrados "no es democrática ni propia de un país libre". También ironizó sobre la discusión de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y la presidenta del TC, cuya imagen fue grabada el pasado 12 de octubre: "Hay que decir hasta lo obvio, que un gobernante no puede abroncar en público a la presidenta del Constitucional ni decir palabrotas".

La dirigente del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, reprochó al PSOE que busque "un tribunal a su medida", a fin de "tener la tranquilidad que no le da su propia actuación en leyes como el Estatut".

Precisamente, en relación al Estatuto catalán, los populares se han encontrado con un nuevo problema sobre la mesa en la que diseñan la estrategia electoral para el 2008: están convencidos de que, si prospera la recusación por el Ejecutivo de los magistrados Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata --ubicados en el ala conservadora del Tribunal Constitucional--, las posibilidades de que su recurso contra el Estatut quede resuelto antes de las legislativas serán mínimas.

Eso significaría que desaparecería la oportunidad de hacer campaña en Cataluña con una decisión firme del alto Tribunal que, según sus cálculos, les dará la razón "en gran parte" de sus planteamientos jurídicos.

Además, el retraso de la sentencia del TC sobre el texto estatutario mantendría vivo el ultimátum que CiU ha planteado públicamente al partido de Mariano Rajoy: si quieren empezar a hablar de pactos poselectorales, han de retirar el recurso.

En cualquier caso, la dirección del PP tomó la decisión de recurrir el Estatut en julio del 2006, sin perder de vista la importancia de conservar su superioridad, frente a los socialistas, en número de jueces afines dentro del Constitucional. En ese contexto llegó la recusación del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, aceptada por haber asesorado a la Generalitat en la elaboración del proyecto estatutario.

PARTIDA DE AJEDREZ Pero el PSOE también movió ficha en la partida de ajedrez que los dos grandes partidos juegan en el TC e impulsó la llamada enmienda Casas. Trataba de alargar el mandato de su presidenta. El PP reaccionó de inmediato y recurrió la reforma, provocando que se aceptara la abstención de la propia María Emilia Casas y su vicepresidente para el pleno que decidirá sobre ese asunto.

El Ejecutivo socialista volvió entonces al ataque y el pasado viernes anunció la recusación de García Calvo y Rodríguez Zapata por haberse expresado en contra de la enmienda Casas antes de llegar a ser revisada.

Estando en esta situación el tablero del Tribunal Constitucional, los populares ven peligrar sus intereses. De aceptarse las últimas recusaciones, el Pleno del TC en el que se estudiará la citada enmienda sobre el mandato de su presidenta tendrá mayoría progresista.

Por tanto, Casas podría quedar blindada y, el sector conservador, por su parte, lo suficientemente debilitado para no poder acelerar la resolución sobre el Estatut.