Medio millón de euros. Una elevada cuantía para eludir la cárcel y la más alta impuesta ayer por la jueza que instruye el caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona destapado a raíz de la operación Astapa, en la que fueron detenidos el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), y hasta seis concejales tanto socialistas como del Partido Estepona (PES), formación heredera del antiguo GIL y que actualmente permanece en la oposición.

Quien deberá pagar esa sustanciosa cantidad en el plazo máximo de tres días es el exconsejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, impulsor de la urbanización del mismo nombre que ocupa 150 hectáreas al oeste de la localidad costasolense y en cuyo proyecto figuran un hotel de cinco estrellas, un campo de golf y la previsión de construir hasta 1.800 apartamentos.

Según informaron fuentes cercanas al ayuntamiento, el grupo de Linares (Mayluna, que cuenta con capital vasco) obtuvo la recalificación como urbanizable de la extensa parcela antes de la aprobación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona. A partir de ese momento, los patrocinios en la ciudad por parte de esta promotora, participada en la actualidad por la caja de ahorros vasca La Kutxa, fueron numerosos y continuos.

Valle Romano ha utilizado como imagen al golfista Severiano Ballesteros y tiene convenios con clubes de fútbol ingleses para fomentar su concentración en el complejo, de los que algunos jugadores han realizado allí inversiones inmobiliarias.

Otra de de las fianzas más altas, 300.000 euros, ha sido la dictada para el presidente de Prasa, José Romero, responsable de una de las constructoras más importantes de Andalucía, con especial actividad en el municipio.

Al cierre de esta edición, ya habían declarado ante la jueza nueve de las 26 personas detenidas en esta trama, en su mayoría empresarios y asesores legales, y las fianzas ya suman los 1,3 millones de euros. La Junta de Andalucía anunció ayer que se personará como acusación.