La ley vasca para víctimas de actuaciones policiales queda de momento en el alero. Aunque EA y Aralar respaldaron ayer el informe del director de Derechos Humanos, que recomienda elaborarla, tras constatar que 109 personas han muerto desde 1968 por actuaciones de las fuerzas de seguridad, el PNV consideró precisó disponer de más tiempo para analizar el estudio. Tanto el PSE como el PP se opusieron frontalmente y calificaron el informe de "repugnante" y "sin rigor".
Los parlamentarios Santiago Abascal (PP) y Rodolfo Ares (PSE) formularon una demoledora crítica al trabajo de 220 folios elaborado por el director Jon Landa con la denominación Víctimas de violencia de motivación política. Ambos partidos reprocharon al Gobierno vasco que siga "instalado en la equidistancia" entre víctimas y victimarios y Ares le acusó de "humillar" a las víctimas y a "cientos" de policías.
SIN VOTOS La beligerancia de populares y socialistas contra el documento estaba cantada desde que se anunció su finalización, el mismo día en el que el Parlamento aprobó una ley para las víctimas del terrorismo de ETA y de los GAL.
Aunque el director de Derechos Humanos se defendió recordando que fue la propia Cámara la que le pidió el informe para antes del 30 de junio, solo EA y Aralar dieron la cara por el trabajo realizado. El informe recomienda crear una ponencia y redactar una ley que ampare a los 109 muertos y 538 heridos por actuaciones policiales o de grupos ultras que "nunca" han sido reconocidos.
Landa se defendió diciendo que en el informe "no hay política" sino individualización de "derechos vulnerados" que no pueden "quedar en la impunidad". Pero el rechazo de populares y socialistas no cedió ni un milímetro ni las acusaciones contra el "repulsivo" informe tampoco.
El portavoz del PNV, el exsenador Ricardo Gatzagaetxebarria, intentó rebajar la tensión al subrayar: "el conflicto político más importante que tenemos es ETA". Aunque agradeció al director de Derechos Humanos el esfuerzo realizado y reconoció la necesidad de ocuparse de las víctimas que no han sido hasta ahora apoyadas, pidió más tiempo para un estudio sosegado.
La comisión de Derechos Humanos se cerró sin votar el informe ni sus recomendaciones.
